El PGOU se vuelve a atascar. El plan, que ayudará a poner en marcha el empleo en Málaga, se detiene porque la Junta de Andalucía se pone puntillosa
La lucha institucional se librará hasta el final. Por la ruta del desencuentro se tropieza con el presupuesto, que cada quien debe poner, para convertir el Campamento Benítez en un parque verde de verdad. No es lo mismo un parque urbano, responsabilidad prácticamente exclusiva del Ayuntamiento de Málaga, y por tanto su financiación; que un parque periurbano, en cuyo proyecto la Junta tendría que retratarse al unísono con el Consistorio local. Como en un cuento borgiano, el laberinto institucional se enrosca sobre sí mismo en unos recovecos interminables, mientras el personal currante espera que la administración pública comience a reactivar las obras grandes, medianas y pequeñas, que palien la zozobra del desempleo.
Tras ocho años de tiras y aflojas, y a punto de ser proclamado como aprobado, el PGOU se estrella contra la minuciosidad del detalle técnico: ¿urbano o periurbano? Un tecnicismo, que significa dinero. Sostiene la Junta que ese territorio es un equipamiento ‘territorial’, es decir parque urbano; mientras que el Ayuntamiento malagueño mantiene que es periurbano. La diferencia no es sólo técnica, sino presupuestaria. Si es urbano la Junta se desentiende de su financiación, mientras que si es periurbano tiene que apechugar con parte del presupuesto. Así de simple. Málaga sigue esperando la reactivación que significaría tener el documento llamado PGOU aprobado y en marcha.
Pero no queda aquí la cuestión. La Junta acusa al Consistorio malagueño de hacer correcciones inaceptables y de última hora, tales como convertir suelos no urbanizables en urbanizables en la zona del río Campanillas y el incremento o disminución de la edificabilidad en otras áreas de la ciudad. De tal manera, que la culpa de todo este nuevo y sorpresivo retraso es del Ayuntamiento, lo cual impide su publicación y ejecución inmediata, tal como se había anunciado. En la casa consistorial se mira esto como otra manera, una vez más, de escamotear y retrasar la aprobación del plan regidor urbano de Málaga. Dicen que en la última reunión celebrada en Sevilla la pasada semana, se puntualizaron aspectos técnicos de menor calado o correcciones de planos, cosa usual en este tipo de acuerdos finales, previamente pactados por las diferentes autoridades políticas.
La cuestión se extenderá ahora en cartas de requerimiento de la Junta al Ayuntamiento; de aquí a Sevilla y de allí a Málaga, en un vaivén, en otra batalla administrativa, cuyo retraso perjudica tan sólo a la ciudad sin PGOU aprobado. El Consistorio calculaba aprobar el escurridizo documento en un pleno extraordinario en julio, pero ahora, como un pez recién pescado, se le vuelve a escapar de las manos. Si así hubiera sido, el famoso plan, que ha acaparado más titulares que ningún otro tema citadino, podría haberse empezado a aplicar en agosto. Ahora, el verano puede esperar e incluso el alcalde cree que lo que resta de año puede escaparse sin PGOU.
Un procedimiento inacabable, que condena a la ciudad a mantener su desarrollo y ordenación urbanística en una eterna propuesta que nunca se concreta. Más grave si cabe en estos momentos de aguda crisis económica, donde reactivar la economía de la construcción es un imperativo social. Independientemente de que las precisiones técnicas deben y tienen que ser exactas y consensuadas, estos largos años de retrasos parecen ser más que suficientes para que ya tuviéramos un PGOU en marcha. No ha sido, ni aún es así. Si Kafka estuviera por aquí vería con agrado como sus tesis sobre la burocracia, que administra la cosa pública con una lentitud que enreda y exaspera a cualquiera en sus vericuetos, funciona como él previó, con la exactitud de un mecanismo de relojería. Larga vida al PGOU.