Cuarto poder

La prensa en realidad ya no es casi ningún poder, porque el único que queda y manda sobre los cuatro es el económico. Pero un titular de portada aún mete miedo

En este país la libertad de expresión está garantizada por la Constitución, aunque si se lee el artículo 20 puede colidir con otras libertades y derechos igualmente fundamentales de los españoles. El depositario de tal ejercicio es la prensa, cuya actividad es, igualmente, libre aunque dentro del citado marco legal y guiada por un código deontológico que marca su actuación frente al secreto profesional (reserva de las fuentes), objeción de conciencia y respeto al honor, intimidad y salvaguarda de los ciudadanos, especialmente de los niños y jóvenes. No toda la prensa española respeta estos principios, especialmente la que se atrinchera en los programas rosa de la televisión.
      La prensa escrita, cuya letra impresa impresiona más que otras y, sobre todo, porque lo escrito permanece, tal como nos avisó la antigua Roma, parece causar escozor penetrante a los cargos públicos cuando ven su nombre y apellidos en letra de imprenta, aunque son ellos los más avezados en tales lides cotidianas. La prensa tiene el derecho y el deber de publicar todo lo que sepa sobre las personas públicas en su desempeño administrativo, siempre que tenga las pruebas en la mano, haya contrastado las fuentes (al menos dos independientes y fiables, desde Watergate) y no lesione la intimidad de quien se trate. El cargo público tiene, asimismo, derecho a réplica y el medio el deber de publicarlo. Todos estos pasos se han cumplido en el caso de la concejala Teresa Porras. Los demás que vengan será cuestión de la justicia, el otro poder en liza, que con muchos y variados bemoles se sostiene en pie en España. La que se siente agraviada tiene el derecho a reclamar vía judicial, pero es improbable que un juez falle en contra de la libertad de expresión. Este es el juego democrático entre la política y la prensa, no debería causar tanta alharaca.
      La prensa de papel está en una encrucijada económica, tecnológica y de credibilidad. Pierde lectores, pierde publicidad, pierde páginas; se refugia en la edición digital, que no termina de definir en un nuevo espacio que corre más que la propia actualidad de las noticias y que tiene, en las redes sociales, más periodistas espontáneos que parados en el país. Pero las noticias tratadas de manera profesional están en los medios serios. Si un periódico se arriesga a publicar una denuncia de corrupción menor o mayor; una sospechosa actuación de un cargo electo; una decisión reñida con la ética elemental o un desliz en una tramitación, que se sale de los cauces normativos, el medio pone a prueba su credibilidad, se asoma al abismo del corte publicitario como represalia e, incluso, a la querella judicial. Pero estará actuando, con las espaldas a cubierto, si tiene la honradez de cumplir con la veracidad hasta donde es posible llegar en el ejercicio del periodismo. Si miente o está movido por intereses espurios, al final se sabrá, porque no hay nada más difícil en la prensa que mantener una falsedad día a día. Las pruebas que sostienen a un titular son la única red que protege al periodista.
      Es igualmente cierto que la prensa no posee una patente de corso para acosar a nadie. Ni son jueces ni parte, sólo exponen al público lo que está pasando en el ámbito público. Su papel de perro guardián no ha cesado; pese a su devaluación sigue siendo el único contrapeso al verdadero poder. Los políticos que administran la cosa pública tienen mucho peso, sobre todo si se eternizan en los cargos, elección tras elección. Hay ejemplos de plena actualidad, sobre todo en Andalucía, donde gobiernan los mismos desde hace tres décadas. Pero cualquier concejal del mayor al más pequeñito pueblo puede estar tentado a sacar los pies del tiesto cuando lleva una década o más en su cargo. Es una pulsión casi instintiva, la seguridad del puesto lo hace cruzar la raya fina, tenue de la honestidad, casi sin darse cuenta. Son humanos. La costumbre de Aznar y Zapatero (dos legislaturas) debería hacerse norma.