En celebraciones por el triunfo de la reconciliación, que se bautizó como Transición, con una Constitución de respaldo, España se apresta a redefinirla una vez más
La Carta Magna está en la crisis de los cuarenta años. Aquella España del ‘café para todos’, de tirios y troyanos juntos en un solo país, presenta hoy signos alarmantes de un volver a empezar. Un sino implantado en el ADN hispano, jamás estar a gusto con uno mismo. Aun por cerrar verdaderamente aquellas heridas, de muertos, desaparecidos, marginados, represaliados y presos, que dejó en las cunetas a un número excesivo de españoles y extranjeros enfrentados en las trincheras ideológicas de entonces. El camino ha estado difícil. Ha habido demasiados olvidados. Hemos intentando subirnos al tren del futuro, sin dejar de arrastrar el pesado fardo del pasado. Se ha logrado avanzar, qué duda cabe. Este país, ha dado un impresionante salto cualitativo en cuatro décadas, lo afirman en el mundo. Claro, con el gran soporte de pertenecer a ese exclusivo club de naciones europeas, que ahora también tambalea su pesado pie de paquidermo. La histórica crisis de 2008 nos cogió a traspié. En medio de una ilusión óptica de desarrollo, en el vértigo inmobiliario, se agrietó el castillo de la democracia más prometedora de Europa. La puerta de los vientos huracanados del desprestigio bipartidista se abrió. No obstante ese maremágnum del asedio sostenido, se mantienen las principales premisas de esta nación, que alberga a 17 mini Estados levantiscos.
La realidad española constriñe a la letra constitucional. Voces alientan por su revisión y adecuación. El mundo de hoy es otro al del año constitucional de 1978. Ahora, algunas voces pretenden amañar una nueva Carta, que redacte sus intenciones de una España bien diferente a esta, y no se considera mejor. Un país, que parece Federal, pero no lo es. Donde regiones gozan de privilegios que otras no tienen y que se declara Monarquía Constitucional, no es un Estado Federal. La asimetría es evidente. Tal vez sea la menos mala de las organizaciones políticas-administrativas posibles, que España haya tenido en los últimos dos siglos. Hay que mejorar ese libro legal, desde luego, pero ¿cómo?
Los padres del invento jugaron con los mimbres del momento pasado y miraron hacia delante. Con los ochenta se inauguró la España que tenemos: 17 regiones unidas en un país. Se entró en la Europa de los grandes. En los noventa esto se hizo una parodia federal, en base a pactos de financiación, el bipartidismo sentaba la bases. La primera década del siglo XXI se tocó esa Gran Ley con una reforma de los estatutos autonómicos. Y no hace mucho, bajo la presión de una intervención de la UE, se impuso como por decreto la actualización del artículo 135, era pactar con la Confederación europea la estabilidad presupuestaria.
La asonada catalanista ha levantado la liebre, que corre y escapa. Los privilegios del País Vasco también. Andalucía no se resigna, pero sigue a la cola del reparto, como otras regiones autonómicas. A escasez de maravedíes toca revisar cómo se organiza esto. Hay alarmas intensas que no dejan de sonar: las pensiones en el hilo incierto del paro. Sin empleados que coticen no hay paraíso pensionista. El problema principal es cómo mantener una sociedad solidaria y del bienestar. Y eso se llama revisar los mecanismos económicos que lo permitan. España tiene esa asignatura en suspenso.
Demasiado turismo, ¡gracias a Dios!, insignificante industria tecnológica, agricultura precaria sin lluvia a la vista, afán de dinero rápido desde el ladrillo constructor; empresas pequeñas y medianas, que no producen empleo masivo, contratos en precario, tejido empresarial enmarañado en el papeleo público interminable. Y la diosa corrupción que hace millonarios eternos, que detenidos, enjuiciados, condenados nunca devuelven el dinero robado. Tumbar todo para volver a empezar ha sido un signo de esta España, es hora de descartar ese método nefasto.
Lo que tenemos, según la CE/78, es un Estado social y democrático de Derecho basado en la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. Lo que se necesita es hacer que eso sea práctica diaria en la vida de los que aquí viven. Los expertos constitucionalistas, dicen que sí, hay que meterle mano al libro constitucional, pero con una guía, una hoja clara para no perder la ruta. Es evidente que las 17 Comunidades Autónomas hacen agua. Esa territorialidad hay que adecuarla a los nuevos tiempos. Cuáles y cuántas deben ser sus competencias es una de las revisiones. El Senado, abultada cámara poco eficiente, hay que desempolvarla. Ahora la Unión Europea marca pautas legales, hay que incluirlas: cómo, cuándo y cuánto. La línea sucesoria de la Corona da preferencia al varón, habrá que considerar a una futura reina.
Los dos grandes partidos no terminan de entrar en sintonía. El PSOE mete prisas. El PP gobernante pide el mayor consenso posible y consultar a los españoles. Lo que parece prudente es producir tales cambios con el desarrollo legislativo de la Constitución actual. Una nación no puede estar cada medio siglo o menos (estudien un tanto el siglo XIX español) cambiando las reglas del juego. Ha sido una marca fatal para el progreso. Plantar cara al futuro es eso, ni más ni menos tampoco.