Con el euro en vilo, la UE en la cuerda floja de los mercados globales, el Estado nacional intervenido de facto y esta crisis sin final, la Constitución goza de buena salud
Hoy son 33 años de una Carta constitucional que si bien no se ha podido desarrollar a profundidad, sirve todavía de faro frente al temporal. Una Constitución nacional es eso. Un marco legal, un espíritu de las leyes por las que gobernar a una nación. Después viene su desarrollo, sus leyes específicas, sus normativas, sus interpretaciones, que visten la jurisprudencia, que crean referencias. Eso ha ido lentamente. Aún le falta a esta magnífica Constitución un hervor, una mayor fidelidad a la esencia de su significado profundo. Su aporte al desarrollo de esta democracia nuestra todavía en ciernes e intervenida en pro de la Europa de las naciones.
A los modernos legisladores españoles no les gusta hablar de adecuar algunos artículos de la Carta Magna a los nuevos tiempos, que corren como los vientos huracanados. Eso es mejor no tocarlo, no vaya a ser que se chafe el invento en un país que ha sido poco o nada constitucionalista, tras la Pepa de 1812. Pero cuando se les ha obligado desde la sede central de la UE, las reformas se ha hecho deprisa y corriendo, por rápida votación en el Congreso de los Diputados, ipso facto, pero con gran polémica e increpaciones de los partidos minoritarios. La gravedad de la economía en la vieja Europa imponía la reforma urgente del artículo 135 en pro de la estabilidad presupuestaria. Una Constitución en tiempos de crisis.
Hasta septiembre de este año, mes en que se aprobó por 316 votos a favor, cinco en contra; sólo se había realizado una modificación -27 de agosto de 1992-, donde también, a instancias de la UE, se incluyó, ‘y pasivo’ en el artículo 13.2. Tenía la finalidad de permitir a los extranjeros comunitarios poder ser elegidos concejales. Así, que en ambos casos ha sido en el entorno de la Unión Europea, bajo su apremio, cuando se han hecho ambos ajustes. En ningún caso se convocó un referéndum. La Constitución aguanta esos cambios y sigue caminando, joven aún en estos 33 años de vida.
Pueden venir más. Las corrientes subterráneas que imponen los mercados financieros siguen alimentando los ajustes. El concepto de austeridad fija el rumbo. “Dejar al arbitrio de cada Comunidad autónoma el límite de su déficit es dejar 17 límites que difícilmente cuadran”, lo ha dicho Soraya Sáenz de Santamaría, ahora timón de la transición entre gobiernos y vice presidenta in pectore. Y ahí estaba la Constitución de 1978 para aguantar esa modificación, garantía para fijar la rigidez presupuestaria por ley.
Los partidos minoritarios –algunos han crecido tras el 20N– se sintieron minusválidos, excluidos de la Constitución. Sienten y dicen que han sido vejados por las presiones de los especuladores internacionales y puesta en escarnio nuestra máxima Ley. La voz más penetrante fue, en septiembre pasado, la de Rosa Díez, quien calificó a esta reciente reforma con un ataque a la Carta Magna y les espetó: “Hay que reformar la Constitución, pero para protegerla de ustedes (refiriéndose a los dos partidos mayoritarios)”. La Ley orgánica que rige al artículo 135 reformado, tendrá que estar en vigor antes del 30 de junio de 2012. Los cinturones comunitarios ya comienzan a apretarse hasta el último agujero. El año terrible está por comenzar. Muchas son las cosas que la Constitución dice, pero que no se cumplen o están en vías de extinción: la vivienda y la sanidad. Cumplir a cabalidad con esa Carta Magna convertiría a este país en más democrático e igualitario.
Las reformas, desde luego, no sólo habrá que hacerlas en la máxima ley, sino en muchas costumbres arraigadas en el imaginario colectivo, como el de los ‘puentes’ que como el de esta semana se alarga por más de siete días en una parálisis de la actividad productiva, donde ya ni siquiera la industria turística tiene claro si tendrá aquellas ocupaciones récord de antes de la crisis. Por estas tierras se mira con esperanzas al horizonte del turismo, que no presenta cifras malas, pero que no crea empleo suficiente como para ayudar a detener el paro, que sigue creciendo en Málaga y en toda Andalucía, a la cabeza del desempleo español y europeo. Algunos artículos habría que blindarlos: 43 – 47 – 50; otros actualizarlos: 57 – 68 – 69 – 158. Larga vida a la CE-1978.