No es tanto la supuesta imposibilidad legal para celebrar una consulta ciudadana sobre los terrenos de Repsol sino el temor a perderla lo que impide que se celebre.
Las consultas, lo sabemos todos, las carga el diablo. Sin ir más lejos, los nacionalistas catalanes, por mucho que hayan transformado la Historia en una saga mitológica que pondría los pelos de punta a Vicens Vives y la Economía en una nueva rama de la Ciencia Ficción, no están lo suficientemente locos como para incluir, en una futura constitución, el derecho a decidir de las cuatro provincias catalanas. Si acaso, y tampoco es seguro, dejarán la migaja del Valle de Arán. Porque es muy posible que una consulta en años venideros a barceloneses y tarraconenses tuviera efectos devastadores para la unidad de la patria –incluso sin el hándicap de que Gabriel Rufián, el Castelar del siglo XXI, siguiera deleitándonos con nuevos discursos–.
En el Reino Unido, una consulta acaba de colocar a la pequeña y querida Inglaterra en la intrascendencia y está por ver si a la aventura se suman los escoceses, que ya están pidiendo una segunda consulta para salir por pies del idílico marco de convivencia.
Quizás por eso, tras examinar con detenimiento la geopolítica internacional, el Ayuntamiento de Málaga sólo ha empleado las consultas ciudadanas para chuminadas campestres como elegir entre varios modelos de fuentes para una glorieta en La Luz. Ciertamente, hay decisiones más trascendentales.
Sin embargo, servidor entiende al alcalde, Francisco de la Torre. Vivimos unos tiempos impredecibles y hay que tentarse la ropa. El pasado domingo, Ángel Sánchez Blanco, miembro de la Academia Malagueña de Ciencias y catedrático de Derecho Administrativo de la UMA, rebatía en una tribuna en La Opinión todos los obstáculos legales del equipo de gobierno por los que, en teoría, no se podía celebrar una consulta ciudadana sobre los terrenos de Repsol.
Pero la oposición a una consulta, intuye el firmante, va más allá de una supuesta imposibilidad legal. Pensemos en que los políticos de hace tres décadas, los que aprobaron el PGOU de 1983, entendieron la necesidad de dejar un gran parque entre los dos distritos más poblados y peor diseñados de la ciudad, la Carretera de Cádiz y la Cruz de Humilladero. Toda la parcela iba a ser una gran zona verde, con la salvedad de un par de viales de rigor.
Los años empeoraron el panorama y se proyectaron miles de viviendas en los dos sucesivos planes generales de ordenación. Sólo ahora, con la presión ciudadana gracias a la plataforma Bosque Urbano Málaga, nuestros cargos públicos reculan y empiezan a eliminar torres.
Eso sí, todavía permanecen proyectadas en el actual PGOU miles de viviendas junto a la antigua Repsol, en sustitución del polígono de San Rafael.
Es evidente que nuestros representantes tienen muy presente que, antes que el desarrollo inmobiliario, en estos dos poblados distritos deben primar los parques, los bosques, incluso las tundras si fuera preciso.
Como se ve, no es tanto una cuestión jurídica lo que impide la consulta sino la seria posibilidad de perderla.
Claro como el agua de grifo de antaño : si algo ves que está en tu mano y lo puedes perder, ni se te ocurra preguntar «¿De ser usted, qué haría?» Haz o ponte a «desfacer» sin nada a nadie preguntar. Tampoco te preguntes si puede o no ser legal : da por hecho que está en ti la total legalidad : «Me asiste la Ley, oiga». Y si oyes «¿Y no le asusta la conciencia del compromiso?» Entonces tú preguntarás : «¿Qué compromiso, qué conciencia»? Y todo el paz.
Como siempre, Alfonso, diciéndolo todo con elegancia como quien nada dice ni ningún mal paso señala.