Algunos expertos en la vida y milagros de los partidos políticos sostienen que, como en otras agrupaciones humanas, son ricos en tejemanejes, grupos de presión y puñaladas traperas. En suma, pura supervivencia con el añadido de los, para muchos, atractivos del poder y un trabajo bien remunerado en la administración para el que no hay que opositar.
Pero si en los partidos hay puñaladas traperas y se estila bastante el famoso «cuerpo a tierra que vienen los nuestros», al menos en Málaga hemos asistido, en los último 20 años, a los desesperanzadores desencuentros entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, rivalidades políticas que, si no fuera porque están protagonizadas por personas con espolones, un observador imparcial tildaría de infantiles y puramente futboleras, por eso de que son dos equipos rivales.
Han sido tantos los numeritos de desagravio, las broncas y acusaciones a la formación de enfrente, que es casi un milagro que en Málaga hayan podido llevarse adelante aquellos proyectos en los que participaban varias administraciones.
Todo esto viene a cuento porque uno de los espectáculos más bochornosos de ineptitud política y roce partidista lo encontramos en ese rincón de Málaga en el que, como una tierra de nadie entre dos zonas fronterizas, no rige norma alguna y todas las administraciones interesadas, la central, la autonómica y la municipal, aseguran que ese asunto no es de su incumbencia.
Nos referimos por supuesto a los Baños del Carmen, esa zona en la que, desde hace un par de años, se ha asentado un campamento ilegal que cuenta con luz gratis, chatarrería, personal que amedrenta a quien se acerca a esa parte ocupada y para desgracia de las tiendas y supermercados de los alrededores, en ocasiones con un peculiar sistema de autoservicio.
El pasado mes de enero el autor de estas líneas habló con las tres administraciones en liza. El equipo de gobierno popular presentó precisamente una moción pidiendo a la Junta que dictara una resolución por la que se desalojara este campamento de indigentes que ya tiene en su haber cuatro apuñalamientos y dos personas con quemaduras graves por una hoguera.
De la misma opinión era la dirección de Costas: la responsabilidad caía en la Junta, mientras que la administración autonómica alegaba un estudio jurídico por el que la competencia no era todavía de la Junta y en cualquier caso, al ser un asentamiento ilegal, la competencia correspondía a la Subdelegación del Gobierno, que es la que debía actuar.
El pasado domingo, las elecciones andaluzas no trajeron la uniformidad ideológica en las tres administraciones, como vaticinaron tantos expertos y encuestadores que hoy quedan a la altura del betún. En ese caso sí que no habría valido excusa alguna para solucionar el percance.
Pero la situación actual, la perpetuación de los dos partidos enfrentados, no puede ser tampoco excusa para que continúe este escandaloso acuerdo de mínimos entre socialistas y populares con el Balneario del Carmen, que consiste en marear la perdiz y no hacer absolutamente nada salvo mirar para otro lado. Ojalá que tras las elecciones espabilen.