El fiscal concluye que el arresto del profesor de la UMA perjudicó su reputación
El asombro se notaba en las caras de sus alumnos. El profesor de Derecho Administrativo salía esposado de la Facultad junto a tres guardias civiles que lo escoltaban. Reporteros gráficos y audiovisuales inmortalizaron la escena, que acaeció a las puertas del edificio, cuando el trasiego de estudiantes es importante. Estos hechos sucedieron el 9 de julio de 2010 en el marco de una operación contra la supuesta corrupción urbanística en Villanueva de la Concepción. El Colegio de Abogados pidió a la Fiscalía que investigara lo sucedido, pero los agentes no cometieron delito alguno. Eso sí, la forma en la que se produjo el arresto lesionó «la reputación» de J. F. H. G.
El mismo día fue arrestado el alcalde Ernesto Silva y otro letrado. En concreto, se investigaban, entre otros, supuestos delitos de cohecho. El profesor encajaba en la trama porque fue asesor urbanístico del Consistorio.
El decano del Colegio de Abogados, Manuel Camas, montó en cólera por la forma en la que se produjo el arresto del docente, al mediodía y con decenas de alumnos y medios gráficos presentes. En su opinión, pudo haberse cometido un delito.
La Fiscalía abrió diligencias de investigación penal para esclarecer los hechos, pero un decreto del fiscal jefe, Antonio Morales, al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, archiva esas diligencias porque no hubo delito en la forma en la que se produjo el arresto. Otra cosa es que la misma se concretase de forma respetuosa para el reo. «De lo practicado no existe constancia de que la Guardia Civil, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, el día 9 de julio de 2010, violase las garantías constitucionales o legales del detenido», aclara el fiscal.
Explicaciones
El sargento del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) informó a la Fiscalía, en el marco de estas pesquisas, de que tres componentes pertenecientes a los equipos investigadores permanecieron en la puerta del despacho del profesor desde las 7.30 hasta la llegada de la comisión judicial, a las 13.30 horas. Asimismo, el fiscal jefe, basándose en las palabras del sargento, indica que los medios llegaron al edificio pasadas las 14.15 horas, situándose en la puerta principal y en los accesos al aparcamiento. Los reporteros no conocían la identidad de la persona que habría de ser detenida después, ni lo que ocurría.
Incluso, el vehículo policial se situó en la meseta peatonal que existía en la puerta de entrada. «No obstante, es obvio, como se aprecia claramente en los reportajes fotográficos unidos al escrito de denuncia, que la forma y el modo en que fue conducido el detenido por el interior de la facultad, desde su despacho hasta la puerta principal esposado y tirado de las esposas por un agente violaron el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», dice Morales.
Ese artículo, en concreto, explica que la detención debe practicarse en la forma que menos perjudique al detenido en su persona, su reputación y su patrimonio.
Así, la ausencia de antecedentes, su personalidad, la naturaleza de los delitos investigados, el tiempo de custodia sin incidencia alguna, su profesión y el lugar de detención debieron converger en un arresto «reservado y discreto, tal y como le propuso reiteradamente la decana de la Facultad de Derecho».
Perjuicio a su reputación
«La detención se practicó de forma que perjudicó gravemente la persona y reputación del imputado, lo que impone actuar en vía disciplinaria, por cuanto los hechos podrían residenciarse como falta muy grave», señala el jefe provincial de la acusación pública. Esa infracción legal está tipificada en el artículo 7 (punto seis) de la ley 12/07 y alude a un trato «degradante o vejatorio» a las personas que se encuentren bajo custodia policial.
Por ello, la Fiscalía remite al coronel jefe de la Comandancia su decreto «para que depure, en su caso, las correspondientes responsabilidades disciplinarias», al tiempo que invita al docente y al decano de los abogados a que retiren la denuncia.