Objetivos y objetores

7 Jul

El lunes entró en vigor la nueva ley de salud sexual con tres recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional pendientes. Y es que la interrupción voluntaria del embarazo es un tema delicado.

Partiendo de la base de que para mí, la objeción de conciencia es uno de los pilares que sustenta la efectividad de las libertades públicas en un estado democrático, me preocupa que se promulgue cualquier normativa que afecte a los más íntimos principios morales del individuo sin que se desarrolle paralelamente el correspondiente reglamento destinado a regular dicha objeción.

Yo, que no comparto que se trate de ningún atentado contra la vida y que considero que éste sí y no la persecución del yihab, por ejemplo, es un derecho fundamental de la mujer, entiendo perfectamente la opinión contraria, incluso la vehemencia de quién pretende poner todas las trabas posibles a que se legalice lo que considera una tremenda crueldad. Pero esta parte que entiendo y respeto, la incluyo como una opción personalísima, individual, que afecta a las conciencia de cada uno y que se rige a través de convicciones éticas o religiosas. Así, que cualquier individuo objete a realizar prácticas abortivas, me parece una opción que nuestro ordenamiento debe proteger. Ahora bien, no sólo proteger sino también vigilar. Porque no sería ético que un médico se negase a realizar este tipo de intervenciones en su horario público y sí en su consulta privada. Y esa falta de ética sólo podría convertirla en delito una normativa que hoy no existe.

Y tampoco, por supuesto, puedo entender que ningún organismo ni institución pública tenga derecho a la objeción de conciencia. Como parte del organigrama estatal debe limitarse a cumplir cualquier ley que haya seguido el procedimiento adecuado. A mí, que el presidente de una comunidad autónoma considere un atentado a la vida el aborto, lo respeto, pero que por ese motivo ético y personalísimo se niegue a aplicar una ley a la que está obligado, me parece un irresponsabilidad, por supuesto y, además una “cacicada” muy peligrosa. Lo que legitima a un gobierno en nuestro Estado de Derecho es la ley. Cualquier gobierno que pretenda legitimarse a través de su moral, en cambio, es una dictadura. La última que sufrimos, sin ir más lejos, se legitimaba en la gracia de Dios, como los faraones de Egipto, maldita la gracia.

Se le achaca al gobierno tambaleante que nos asiste que no haya buscado el consenso en este asunto y que, por el contrario, haya hecho prevalecer su opinión en un momento muy delicado. Yo, sinceramente no veo un posible consenso por la sencilla razón de que quien lo considere un asesinato no puede ni debe ceder en su empeño por impedirlo. Tampoco creo que haya mejores o peores momentos para aprobar una ley que afecte a convicciones de este talante. Creo que se ha hecho lo que se debía de haber realizado en 1985 para evitar remover conciencias veinticinco años después. Y lo que tengo claro, sobre todo, es que quien hoy se posiciona políticamente en contra, cuando llegue al gobierno, aunque sea muy pronto, no derogará esta ley, que comparte espíritu con la de los países de nuestro entorno democrático. Así son a veces los ideales de grupo: humo. Por más que intenten convencernos unos u otros partidos de lo contrario, los ideales ni tienen siglas ni son sociales, son de cada uno de nosotros.

Una respuesta a «Objetivos y objetores»

  1. No creo que sea tan dificil comprender que quitar la vida a una criatura viviente en el seno de la madre mientras completa su ciclo vital, de forma violenta y voluntaria, sea un asunto que según
    la creencia religiosa se pueda considerar con o sin importancia como si fuera expulsar una lombriz. El derecho a la vida puede considerarse el primero y proteger al más indefenso de los seres humanos sería la tarea más humanitaria, protegiendo a las madres más vulnerables por situaciones sociales desgraciadas. Y así fué visto desde 400 años antes de Cristo, -juramento médico de Hipócrates –

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