El ruido y el concepto económico de utilidad

13 Dic

La masiva de apertura de establecimientos de ocio que padecemos, pone de manifiesto la apuesta social por una determinada forma de vida dirigida a la obtención de placer, aunque su consecución ocasione dolor a otros. Búsqueda vacía que causa dolor a pesar que los afectados ponen medios para evitarlo. Para dilucidar el por qué de esta conducta, bosquejaré  la explicación desde la psicología conductista aplicada a la conducta de los consumidores. Utilizaré para ello el concepto de utilidad que propone Tibor Scitovsky, profesor de la Universidad de Cambrige y de la London School of Economics.

Para Scitovsky la utilidad contiene dos partes: la búsqueda del confort y la búsqueda del placer. El consumo de confort es aquel que reduce el dolor o la incomodidad. En tanto que el consumo de placer lo relaciona con la excitación y la estimulación. Observó este economista que el deseo de confort puede saciarse, mientras que el deseo de placer no. Yendo más lejos sostuvo que cuanto más cerca se está del confort perfecto y, por tanto, de la falta de estímulos, más se buscarán formas de consumo que proporcionen emociones que incrementen el nivel de excitación. Al ser la condición moderna el tedio, éste en sí mismo es una fuerza motora del consumo. Es la necesidad de aliviarlo promueve una búsqueda interminable de novedad y excitación.

Aplicada esta observación al fenómeno de la contaminación acústica producida por locales de ocio se obtienen las siguientes reflexiones. Mientras unos individuos −los usuarios de los establecimientos de ocio− dirigen su búsqueda al consumo de placer, de bienes y servicios para incrementar su nivel de excitación y así aliviar el tedio que les produce esta sociedad, otros −los afectados por el ruido− dirigen su búsqueda al confort, ya sea la reducción del dolor o la incomodidad que les provoca la contaminación acústica. Son demandas antagónicas que impulsan el proceso económico. La consecuencia es que esta  búsqueda de placer −a pesar de ser la causante de la contaminación acústica y del dolor a otros− no será desincentivada por los poderes públicos. Por el contrario la demanda de dichos bienes y servicios es incentivada –mediante la rebaja de los requisitos previos de apertura de los locales− para propiciar un incremento de la riqueza del país, aún a costa del deterioro de la salud de los individuos afectados por la contaminación acústica.

Si aplicamos estas consideraciones a un individuo de cada uno de los grupos considerados, se observa como la demanda de confort tiene naturaleza limitada, ya que una vez resuelta la específica incomodidad que le produce la contaminación acústica, cesa la demanda de servicios jurídicos y otros servicios complementarios necesarios para poner fin a dicha situación; por el contrario la demanda de placer tiene carácter ilimitado y tiende a intensificarse con el propio proceso de crecimiento económico, pues el tedio instalado en la sociedad provoca una demanda y un consumo sostenido de excitación a través de bienes y servicios de ocio. Ello produce la prolongación en el tiempo de la situación de contaminación acústica y del dolor de los afectados, a pesar que se puedan ir resolviendo de manera aislada e individualizada las molestias de determinados individuos, por actuaciones puntuales de las Administraciones Públicas y el uso de los servicios jurídicos privados y otros complementarios por parte de los afectados.

La teoría del consumo −a través del concepto de utilidad que Scitovsky propone− pone de manifiesto la imposibilidad de resolución del conflicto social que ocasiona la contaminación acústica a través de acciones individuales, dada la multitud de individuos afectados y la actitud adoptada por la Administración Pública ante el problema. La descomposición de la conducta de los contaminadores y afectados nos proporciona un boceto de la estructura individual del conflicto que produce la contaminación acústica, del que podemos extraer los siguientes rasgos:

− el efecto generador de riqueza que se produce como consecuencia de la necesidad de consumo de bienes y servicios de ocio para aliviar el tedio y del consumo de servicios jurídicos y complementarios para contrarrestar las consecuencias de aquél, es un freno para que los poderes públicos implementen políticas que desincentiven el consumo de placer en la manera que ahora está estructurado, pues ambos consumos generan crecimiento del PIB;

− esta política perdurará a pesar de la afectación de la salud que se produce en aquellos individuos que se encuentran afectados por situaciones de contaminación acústica;

− los individuos afectados por la contaminación acústica no van a aceptar la prolongación de su dolor y la incomodidad que padecen en el tiempo, para evitarlo utilizarán los servicios jurídicos y demás servicios complementarios que ofrece el mercado para aliviar transitoriamente su situación individual en un primer momento y finalmente terminar de manera individualizada con a la contaminación acústica, aunque a nivel global el problema subsista.

Esta desagregación del conflicto pone de manifiesto que es necesaria una intervención de los poderes públicos que prescinda del interés económico subyacente y haga cumplir la prioridad de tutelar la salud de los ciudadanos afectados por la contaminación acústica prevista en la norma reguladora del sector. Dicho de otro modo, la Administración Pública debe garantizar los derechos de los ciudadanos a la integridad física y moral y a la intimidad personal y familiar que reconoce la Constitución y la normativa sectorial. Para ello debe reequilibrar en favor de los ciudadanos, la preeminencia que hasta ahora ha mostrado a favor de los empresarios del sector, bajo el argumento de garantizar y proteger la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado. Debe otorgar preeminencia a los derechos de los ciudadanos afectados frente a los intereses del sector de ocio, única manera en que la Administración Pública podrá hacer efectivo el mandato que impone la Constitución a los poderes públicos de remover los obstáculos que impiden o dificultan la plenitud de los derechos de los cudadanos afectados por la plaga de la contaminación acústica Que nadie se deje engañar, el derecho al ocio no existe, sólo es un lema que busca camuflar un interés privado.

Una Constitución para el siglo XXI

6 Dic

La política del siglo XXI demanda un nuevo consenso marco que capte nuestro tiempo, para sobre él refundar los restantes pactos. Vivimos en un «escenario posnatural» −de la mano de la hiperglobalización y la hiperconectividad− que a golpe de calor y de sequía pide que los acuerdos políticos y sociales vigentes se transformen en un contrato posmaterial. En un acuerdo de sostenibilidad ambiental. Más allá de los necesarios debates sobre la reforma de la Constitución Española, nada se ha dicho en ellos sobre a este aspecto. Nadie ha alzado su voz reclamando la introducción en el texto constitucional de normas para afrontar los retos de este siglo. Y si nadie lo hace no dispondremos de una Constitución para el siglo XXI.

Para comprender la necesidad de esta metamorfosis, hay que tomar como punto de partida el hecho indudable que la especie humana se ha convertido en una fuerza geológica. Su influencia sobre el medio ambiente es de tal alcance y magnitud que la Tierra está «moviéndose hacia un estado diferente»: la era del antropoceno. Esta expresión quiere reflejar el impacto de la masiva influencia del ser humano sobre los sistemas biofísicos planetarios. Su efecto más visible es el cambio climático. Pero no es el único. También se incluyen en esta categoría eventos como: «la disminución de la superficie de selva virgen, la urbanización, la agricultura industrial, las actividades mineras, las infraestructuras de transporte, la pérdida de biodiversidad, la modificación genética de organismos o la hibridación creciente».  Pero los nuevos retos no se pueden afrontar con las viejas recetas.

Es preciso, por tanto, generar un consenso ecológico, que debe ser trasladado a la reforma de la Constitución que se hubiera de aprobar, para desde él refundar los pactos políticos, sociales y territoriales existentes, a fin de legitimar la política para este tiempo. Nuevo consenso que debe tener como propósito la superación de los dos siglos de civilización industrial causantes de la oposición entre las «fuerzas productivas» y las «fuerzas de la naturaleza», que amenaza con destruirlo todo. Las tres fuerzas que hoy existen sobre el planeta: Naturaleza, ser humano y tecnología, han formado dos bloques antagónicos. La unión de dos de ellas: el ser humano y la tecnología han hecho nacer una economía cuyo metabolismo planetario es la mayor fuerza geológica existente. La tercera es la Naturaleza como fue descrita por Lovelock: una entidad viviente capaz de transformar la atmósfera del planeta para adecuarla a sus necesidades globales, dotada de facultades y poderes que exceden con mucho a los que poseen sus partes constitutivas –Gaia−. ¿Puede entonces hablar el ser humano de soberanía o sólo debe hablar de autonomía?

En el siglo XXI la acción política se desarrollará en un mundo diferente del actual. En este tiempo nuevo convivirán «grandes potencias mundiales, interdependencia globalizada y poderosas redes privadas» con una crisis ecológica y civilizatoria. En este mundo de «cadenas de suministro»: urbano, móvil, saturado de tecnología, además de descifrar «la geopolítica», será necesario no perder de vista «la geoeconomía»: en esta hipereconomía las «megainfraestructuras de conexión (nuevas tuberías, cables, ferrocarriles y canales) y la conectividad digital (que posibilita nuevas formas de comunidad)» salvan las fronteras naturales y atraviesan las fronteras políticas. Importa «menos quien posee (o reclama) el territorio que quien lo utiliza (o administra)». Lo que constituye una reconfiguración del Estado. En un mundo diferente las constituciones deben pasar de ser un instrumento de ordenación interna del sistema de atribución de derechos y distribución del poder, como hasta ahora, a actuar también como un dispositivo de ordenación de las relaciones del ser humano con la Naturaleza dentro de los límites que nos impone el planeta, juntamente con instrumentos internacionales y supranacionales.

Para que esta nueva constitución pueda ver la luz, será necesario incorporar en la Constitución Española de 1978 herramientas de simple geografía –como las biorregiones− que permitan modular desde el poder público la interacción entre demografía, política, ecología y tecnología, junto a los mecanismos de geografía política tradicionales ya recogidos en ella para la defensa de los derechos y la distribución del poder: horizontalmente –Corona, Gobierno, Cortes Generales y Poder Judicial− y verticalmente –Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios, u otras formas de distribución que en el futuro se puedan adoptar. La incorporación de las biorregiones a la Constitución Española es una forma de introducir en la política la complejidad y sutilidad de la Naturaleza, de la que el ejercicio del poder no puede ser ajeno. Las biorregiones califican la sostenibilidad ambiental dándole dirección y sentido, además de establecer límites al uso del territorio, de los recursos y a ideas que hasta ahora eran pensadas como absolutas: soberanía, territorio, nacionalismo, supremacía militar, en tanto que la importancia estratégica en el mundo de hoy recae no en el territorio o en la población de los Estados, sino en la «conectividad (física, económica y digital) con los flujos de recursos, capital, datos talento y otros activos» que éstos desarrollen.

El cambio que se ha de operar para gobernar el mundo dentro de la Naturaleza no ha de venir ni de la revolución, ni de la evolución. Es necesaria una metamorfosis. Un cambio de estado. Los seres humanos hemos de admitir el hecho que el Planeta es nuestra patria. Que somos ciudadanos de la Tierra. Y este es un hecho político, no de administración –de recursos−. Realizar este cambio no exige ignorar lo conseguido hasta ahora por el ser humano, pero si requiere saber que este logro sólo es una parte de lo que somos. Dicho de otro modo: la historia humana no es la Historia, sólo es una pequeña parte de la Historia del Planeta. La comprensión de cual es nuestro sitio en planeta es el umbral para la adquisición de una conciencia de especie, que reemplace a la conciencia de clase. Desde esta perspectiva las categorías políticas adquieren otro significado.

Un ejemplo de este cambio del significado categorial lo podemos ver en el Preámbulo de la Constitución. En él se hace mención a la Nación Española, a los pueblos de España, a la cultura, a establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien, a usar nuestra soberanía, a la convivencia democrática, a un orden económico y social justo, a asegurar el imperio de la ley, a asegurar a todos una digna calidad de vida y a establecer una sociedad democrática avanzada. Es evidente, manifiesto y palmario que el antropoceno y los acontecimientos a él ligados –como la crisis climática− han renovado estos conceptos, tanto en el alcance como en el discernimiento que de los mismos teníamos hasta ahora. Esto implica la necesidad de redefinir y adaptar las categorías políticas a la realidad del siglo XXI; e introducir en la Constitución la variable ecológica y la intergeneracional, a través de normas o reglas que delimiten el marco de la actividad humana.

Hemos, por tanto, dejar de vivir replegados en el mundo y comenzar a habitar el planeta. Es ineludible que abordemos y acometamos la preservación del planeta del «entramado de infraestructuras de transporte, de energía y comunicaciones entre todas las personas y los recursos del mundo» antes que el planeta sea destruido. Si las constituciones han de continuar siendo reconocidas como la norma suprema de los Estados, y en particular la Constitución Española, la tarea de protección más importante que tendrán en el siglo XXI ha de ser la conservación del planeta.

El Acuerdo de París: ¿un texto herético?

11 Nov

Sólo nos queda un dios −la crisis climática− ¡y queremos matarlo! Tras el Acuerdo de París la historia del ser humano ya no volverá a ser determinada «desde arriba». Nuestra suerte debería quedar fijada desde abajo, «por la acción infrahumana de las glándulas, genes y átomos». ¿Seremos capaces? Con este acuerdo los seres humanos dicen querer realinear lo real, lo simbólico y lo imaginario; o sea, lo físico, lo político y lo social. La entropía, la sostenibilidad y el crecimiento, sin embargo, testifican en su contra y dan cuenta de la capacidad del ser humano para imponer fantasías escritas sobre la realidad, la crisis climática en este caso. A pesar del éxito diplomático del Acuerdo de París, éste hace concordar los deseos con la realidad sólo porque éstos forzaron a la realidad a hacerlo.

El Acuerdo de París es presentado como un dogma de fe climática. Salvífico. Pero no es el acontecimiento mesiánico que nos librará de la crisis climática que se había anunciado. Es un momento más, como tantos otros, que participa de la lógica histórica capitalista sin interrumpirla. A pesar de las proclamas que contiene, no se hace mención en él a la descarbonización de la economía. En sustitución de ella se habla de «emisiones neutras». Un eufemismo que es un artificio de compensación de las emisiones con procesos de reabsorción de CO2, una apuesta por el uso masivo de sumideros de carbono: reforestación, geoingeniería y almacenamiento de CO2. Una solución técnocrática. El Acuerdo de París evidencia que «el mercado es más fuerte que la moralidad y [piensa que] el poderío de la técnica está muy por encima del de la naturaleza». Véase como las cumbres climáticas son patrocinadas por empresas: la COP23, que se está celebrando en Bonn, por la firma automovilística BMW y la empresa de paquetería y logística DHL, la cumbre de París por la automovilística Nissan y el gigante Ikea, o la de Marrakech por el BNP-Paribas, banco financiador de grandes proyectos de extracción minera. Greenwashing empresarial. El Acuerdo de París, −parafraseando a Antígona− se aparta de la ley ancestral –la de la Naturaleza− para reescribir la ley humana sobre arena con pintura verde. Hemos de continuar trabajando, a pesar de todo, para cambiar las insuficiencias de París. Nos lo jugamos todo.

El cumplimiento de las recomendaciones emanadas de los informes del panel de expertos de la ONU no garantiza que no se produzca el escenario de cambio climático que se quiere impedir. Ello se debe a que las conclusiones de sus informes toman como guía el límite de lo indudable. Ellos sólo contienen los cálculos más conservadores de los resultados obtenidos tras un proceso de negociación política sobre los que existe un consenso generalizado, pues los actores políticos intervinientes, preventivamente, rechazan cualquier obligación y evitan el imperativo de actuar que pudiera resultar de los análisis. Pero el acuerdo se vende a los ciudadanos como justo y ambicioso. Como dice la Agencia de Medio Ambiente de la ONU: los compromisos de reducción presentados por los países firmantes son insuficientes para alcanzar el objetivo de no sobrepasar en más de 1,5ºC la temperatura de la época preindustrial. La realidad es destructora y puede ser más destructiva. A pesar de ello, la Cumbre de Bonn, la COP 23, será un compás de espera hasta la de Katowice, en 2018, donde se deberían adoptar medidas concretas en la lucha contra el cambio climático. Seguimos retrasando la adopción de medidas eficaces. Eso significa una transición energética más abrupta.

El texto resultante de la Cumbre de París, en consecuencia, puede ser calificado como herético. Resulta llamativo que un acuerdo que se presenta como un dogma −científico y político−, no sea tal, sino que sea la plasmación de creencias individuales –económicas e ideológicas− fruto de la presión de los intereses económicos sobre el consenso científico más ambicioso. Su resultado es un texto débil y vacuo, que convierte la posibilidad de atajar el cambio climático en una cuestión de fe. La «búsqueda moderna del poder», que es una alianza entre progreso científico y crecimiento económico, ignora la variable ecológica de toda actividad humana.

La postergación de la puesta en marcha de los objetivos que se contempla el Acuerdo de París hasta 2030, incluso a la segunda mitad del siglo XXI,  pasa la patata caliente de reducción de emisiones y de desaceleración del crecimiento a la generación siguiente, mientras los beneficios políticos de parecer que se toman medidas de sostenibilidad medioambiental son cosechados por los actuales gobiernos. El trabajo duro se traspasa a las generaciones futuras.

Para la asociación ecologista Amigos de la Tierra con este acuerdo «se está engañando a la gente.» No existen compromisos de reducción ni calendarios de obligado cumplimiento. ¿Y si no se consiguiera detener el calentamiento global? Los políticos tendrán la excusa del acuerdo intentado y los ingenieros podrán construir Arcas de Noé tecnológicas para la casta superior. Ya existen arcas. La Escuela Internacional de Beijing ha construido una cúpula protectora de la contaminación sobre las pistas de tenis y campos de deportes, para proteger a los hijos de los diplomáticos extranjeros y de la clase alta china. También lo han hecho otras escuelas. ¿Se puede repetir este modelo en caso de un cambio climático fuera de control? ¿Cómo se protegería al resto de la población en ese caso? ¿Acogeríamos a masas de refugiados? ¿Es el Acuerdo de París la coartada para la fabricación de esas Arcas de Noé para superricos? ¿Es 2050 la fecha límite en la cuál deberían estar construidas las Arcas, como nos contó, en la ficción, la película ‘2012’? El panel de expertos de la ONU señala que en este momento la temperatura media mundial ya ha sobrepasado en 0,9ºC la temperatura preindustrial. Aunque expertos como Ed Hawkins, del Centro Nacional de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Reading, Reino Unido, dicen que ya habríamos superado el temido umbral de los 1,5ºC, que establece el acuerdo sobre cambio climático de París.

El Acuerdo de París es una bula que purifica y limpia el capitalismo. En coherencia no contempla la imposición de pena de excomunión para la negación o las desviaciones del dogma climático. Subraya el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que si se cumplieran los compromisos voluntarios que se anunciaron por más de 180 países para reducir las emisiones en la capital francesa, solo se lograría un tercio de los recortes necesarios para estabilizar el clima. La comunidad científica nos reitera que eso significaría que el aumento de  las temperaturas sería de entre 3 y 4 grados. «Todo el mundo sabe que es necesario avanzar más, pero nadie dará el paso formal hasta que haya un documento que lo pida de forma explícita».

Creer que para superar la crisis climática es posible no establecer una estrategia de reconstrucción social, que no politice los conceptos ideológicos y/o teóricos  que han generado y legitimado las acciones y procesos que han dado lugar al cambio climático, es una blasfemia que aproxima a una solución tecnocrática. Concierne a la sociedad asegurar que las promesas del Acuerdo de París se cumplen. Y le toca  reclamar el fortalecimiento de las acciones nacionales. Una muestra de acciones de ese tipo es la incorporación a las Constituciones nacionales del objetivo climático que establece el Acuerdo de París, a fin de dotar de vinculación jurídica a los acuerdos de reducción de emisiones de los países firmantes, que ahora son una mera declaración de intenciones. ¿O es que la apuesta es por una solución autoritaria?

Y como apostasía puede ser calificada la decisión del Presidente de los EE.UU. de apartar a dicho país del Acuerdo de París. ¿Quién va a cubrir su cuota de reducción? Con el acuerdo climático las posiciones oscilan entre la apostasía y la blasfemia. Fluctúan entre la negación del dogma climático y la ofensa contra la majestad de la Naturaleza, al desplegar una solución simbólica que no interrumpe el presente de barbarie económica que imponemos al medio ambiente. Con él no se ha restaurado la sacralidad del hombre ni de la Naturaleza, sólo se han santificado sus cuerpos para continuar la explotación.

Como bien dice el presidente de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente: «nos enfrentamos a una dura elección, nuestra ambición o sufrir las consecuencias». ¿Puede el demos, en este caso, elegir por mayoría seguir en la vía de la inacción y del consumo insostenible y obligar a quienes no han optado por ella a las consecuencias de un cambio climático sin control? ¿Podemos condenar a las generaciones futuras a una distopía? ¿Tiene la democracia un límite en este caso?

Días de rebelión y rosas

6 Nov

Viendo cómo se está desarrollando la crisis catalana, se observa que la misma está instalada en la lógica de la economía arcaica según la cual «cuanto más violencia, más poder». ¿Cómo explicar si no el cerco a instalaciones oficiales, el intento de expulsión de fuerzas de seguridad del Estado, la violencia del 1-O ó los autos de prisión al Govern? Ninguna de las dos partes de este conflicto es inocente. Para ambas el juego sólo tiene un tipo de envite: el órdago. Juegan con todo lo que tienen. Al primero que le tiemblen las piernas pierde. En este conflicto el Gobierno usa el poder ortopédico: porras, cárcel, y el poder disciplinario: artículo 155. Y el Govern hace una utilización «astuta» de su poder —que como todo poder conlleva implícita la violencia— y traslada la violencia a un objeto sustitutorio: el pueblo, que actúa como un pararrayos. Sobre él es sobre quien recaen los sacrificios. Estos días han sido días de rebelión y rosas. ¿Cómo fueron las rosas? Como una piedra, no como una flor.

¿Qué diferencia hay en la violencia de cada parte? El Gobierno utiliza una violencia «proteica»: porras, tribunales, cárcel; el Govern: la psíquica o psicológica, en «espacios subcomunicativos, capilares y neuronales», dando la sensación que ha prescindido de la violencia, pero sin hacerlo. Es el juego arcaico de la violencia y la contraviolencia como único modo de respuesta. La violencia del independentismo es la violencia de una lengua hiriente, que para el resto de españoles resulta difamadora, desacreditadora, desatenta: España nos roba; extranjeros, iros a vuestro pueblo. La violencia del Estado es la violencia del castigo, que los independentistas denuncian como la violencia de la venganza. Una cosa creía que habíamos aceptado ya: no volver a ese lugar. El peligro de la crisis catalana es que el rebrote del nacionalismo nos haga regresar a un estado tribal, arcaico. Y en ese caso el jefe en esa tribu es la bandera, que es un habla de la sociedad sobre si misma, a través de la cual la sociedad se reconoce como indivisible. Así planteado este conflicto sólo habrá vencidos. El pueblo será la víctima.

Básicamente cada parte ha jugado con las armas que disponía: con la astucia, el Govern: un ejemplo es la treta del gobierno en el exilio; con el poder disciplinario y el miedo, el Gobierno. Rajoy ha enfrentando a Cataluña a su miedo: a la ruina del orden económico. La estrategia independentista de prolongar el conflicto para dañar la economía y las finanzas de Madrid se vuelve contra ellos: es un arma con el cañón acodado que hace impactar el disparo en su propio cuerpo: la huida de empresas va por más de 2.000; el coste económico estimado, de esta crisis para Cataluña, en 2018, será de 1.500 millones de euros. Y si la crisis se prolonga alcanzará los 6.000 millones, según cálculos a la baja. Las empresas dicen: aunque me llames no te oiré, y aunque te oiga no me giraré, y aunque hiciera ese movimiento imposible, tu rostro me parecería ajeno (W. Szymborska).

¿Ha existido la violencia que exige el Código Penal en la crisis catalana? Esa que dicen que no existe. Pensar que en el siglo XXI la violencia que exige este delito sólo puede ser física, es regresar a las sociedades de la sangre de la antigüedad. Es tanto como afirmar que los conflictos sólo se pueden resolver con el uso de la violencia física, a pesar que esta violencia ha dejado de ser parte de la «comunicación política». La violencia se ha desplazado «de lo visible a lo invisible; de lo directo a lo discreto; de lo físico a lo psíquico; de lo frontal a lo viral.» En la modernidad la violencia toma forma psíquica, psicológica, interior. Se hace astuta.

Al no estar acotada explícitamente a la violencia física que se exige en  el Código Penal para el delito de rebelión, al aparecer indeterminado el tipo de violencia en la norma, es necesario determinar las modalidades de violencia que caben en ese contexto a través de la interpretación. Nada impide que la violencia a la que hace referencia el Código Penal abarque además de la física, la violencia psíquica o psicológica, pues no se opone a ello el sentido literal posible de la norma. Si el legislador hubiera querido restringir la violencia requerida para este delito a la física lo habría señalado de manera expresa en la norma. Es perfectamente factible, por tanto, entender que en su seno caben las dos maneras como se muestra la violencia en nuestra sociedad: física y psicológica. La ley penal, como cualquier ley, debe ajustarse a la realidad social del tiempo en que le ha tocado vivir. Un ejemplo de ese ajuste lo ofrece la Ley que regula la violencia de género, la cual, en lo que aquí nos interesa, establece que este tipo de violencia comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las amenazas y las coacciones. Limitar, por tanto, a la vis física la violencia exigida en el delito de rebelión es tan erróneo como anacrónico.

En esta dirección se pronunció el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, quien señaló que bastaba para cometer el delito de rebelión estar dispuesto a la utilización de la violencia «en forma pública, patente o exteriorizada». Hay un dato, no introducido en la querella del Fiscal General del Estado sorprendentemente, y que es indiciario de la voluntad del Govern de haber usado la violencia si hubiera sido preciso. El Ministerio de Defensa, en diciembre de 2016, frenó por su elevado e inusual número la compra por la Generalitat de 850 subfusiles y fusiles de asalto y de precisión y 5,4 millones de cartuchos. Se pidió por el Ministerio de Defensa una explicación pero no hubo respuesta. Con el armamento que la Generalitat pretendía adquirir, se podía haber organizado y armado un regimiento de 2.000-3.000 efectivos o una compañía especial con pretensiones de ofrecer una resistencia urbana importante.

En la misma dirección avanza la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco cuando señaló que el delito de rebelión también se comete cuando el empleo de la violencia constituye una amenaza seria y fundada de los alzados, de estar dispuestos a conseguir los fines indicados en la norma penal a todo trance, recurriendo inclusive si fuera preciso a la utilización del uso de la misma. Tal y como se desarrollaron los hechos protagonizados por el Govern de Catalunya, una parte del Parlament de Catalunya y varias asociaciones civiles, no cabe duda que esa amenaza existía. Hubo medios de comunicación, como La Vanguardia, que advirtieron en sus editoriales que existía un riesgo real de «guerra civil». Hubo políticos que se pronunciaron en el mismo sentido. Toda España vivió esa angustiosa sensación aquellos días. Ellos, parafraseando a W. Szimborska, insisten, sin embargo, en que con amabilidad mostraban la frente. Estaban alegres y se movían ágilmente en los salones. Uno saluda a aquél, aquel a otro felicitaba. Su rostro estaba sonriente para los objetivos, para reunir a mucha gente. ¿Es esto rebelión o sedición, oiga? Ellos dicen que sólo son buenas personas.

In-de-pendencia y 155

29 Oct

Los independentistas sabían en la sesión del Parlamentde que declaró la República, que tenían perdida esta partida. Se vio en los rostros de muchos de ellos. En su gestualidad, que los delataba. Serios, graves. Rostro cenizo. Aplausos sin entusiasmo tras el voto secreto. No se pronunció la palabra república en el hemiciclo del Parlament. No hubo vivas a la Republica de Catalunya. In-de-pendencia. Parte de Cataluña quería no depender de España. Pero el Estat Catalá fue efímero otra vez. Esta proclamación ha sido la que menos épica de todas ha habido. Catalunya sigue donde algunos no querían estar: de-pendiendo de España. Continúa la misma pendencia: la no in-de-pendencia. Y aún así continuaron con la recreación.

La escenografía de la declaración de in-de-pendencia fue de ocasión, cutre: no hubo discurso que plasmara para el futuro la solemnidad del nacimiento del nuevo Estado, del nuevo sujeto internacional, y estableciera el proyecto de la nueva República que nacía, ni salida al balcón para sellar la comunión de las instituciones republicanas con el pueblo. Y la bandera española continuó ondeando en el Palu de la Generalitat junto a la senyera. Y sigue así. Faltó liturgia y gloria. Y fastos adecuados a la ocasión: grandes castillos de fuegos artificiales o grandes actuaciones musicales. En las escaleras del Parlament los Alcaldes gritaron repetidamente libertad, libertad, con la vara de mando alzada. Pero más que la aclamación de las instituciones catalanas por la libertad alcanzada, parecía la reclamación de la libertad no conseguida. En la calle hubo alegría y alborozo, pero sin desbordarse. Pero en muchas casas hubo lágrimas, temor y preocupación. La fiesta fue a base de música enlatada y cerveza, con algunos fuegos artificiales. Y a la medianoche las calles estaban vacías. Muchos dicen «ahora a parar los golpes». Se han visto algunas banderas negras, símbolo de resistencia. Pero la carne se tumefacta. Todo exceso de temperatura provoca fiebre, pero la hipotermia causa la muerte.

A pesar de la gestualidad desplegada por el independentismo, ésta no se apropió de la independencia. Aún así ha implantado un gozne entre la realidad y su realidad. El procés ha sido ensueño, gesto, espejismo. Pero gesto tras gesto ha chocado con la indiferencia del Estado primero y con su muro después. Y el vacío internacional es total y absoluto. Ni siquiera Escocia, la región secesionista hermana, ha reconocido la República de Cataluña. El Govern está destituido. El Parlament disuelto. Y convocadas elecciones autonómicas, que se celebran en 54 días.

Rajoy dijo que no habría papeletas, urnas, ni referéndum y hubo papeletas y urnas y se votó. Y porras. Dijo también que no habría declaración de independencia y la independencia se ha declarado. El Estado no puede permitirse más errores. Los independentistas continúan actuando dentro de su burbuja y al margen de la realidad. Pero de tanto repetirla pueden conseguir que lo que hoy parece una mueca, un día se vea como un mohín y después sea percibido como un gesto. Político. Pueden también terminar como la Padania italiana. Veremos.

En Cataluña ya impera la lógica doble: la realista y la extática. El independentismo vive en la magia de la «libertad del poder hacer», que no tiene límite ninguno.  Las opciones independentistas rechazadas por el Estado se empiezan a desplegar en una realidad alterna donde se quiere hacer realidad lo que no pudo ser. Paso a paso. Se ha anunciado la creación de un DNI catalán, una e-Administración en la nube en servidores en el extranjero. Hay dos realidades paralelas que empiezan a coexistir. Un día estará completa. Es el multiverso catalán. Es el Plan B. Aunque el independentismo da por perdida la Generalitat, el President en una declaración institucional no acepta el cese. Es el comienzo de un  pulso al Estado «con paz, civismo y dignidad». Aunque la alusión a la dignidad es una admisión velada de la derrota de hoy, ya descontada. Se pide paciencia. Es el inicio de la resistencia pasiva. Algunos Consellers y diputados se han pronunciado también en favor de defender la República Catalana. Hay convocada una manifestación por la unidad de España en Barcelona. El domingo. Una convocatoria de huelga general del 30 de octubre al 9 de noviembre, en stand by. En alguna concentración se recrimina a la Policía autonómica su ausencia el 1-O. Hay odio y la rabia está explotando. La gente se encara con la policía. Este universo es más hard. La calle es el hemiciclo.

Han vuelto a repetir los independentistas el error de hiperventilación, que cometieron en la II República, que no les ha dejado pensar claramente. ¿Acaso no ven que el Estado español, como cualquier otro estado, se funda «no sobre el vínculo social, del que sería expresión, sino sobre su disolución, que impide.»? Su rauxa será un factor destructor y de regresión para el resto de España. En el siglo XX fue uno de los factores desencadenantes de la Guerra Civil. Y hoy se traducirá en una recentralización. En los círculos y cenáculos de la derecha la petición de recuperación de ciertas competencias por el Estado es ya un clamor. Con su actuación los independentistas han servido en bandeja a la derecha la justificación para dar una vuelta de tuerca más al giro regresivo que nos dirige hacia un estado en el que la resistencia y el disenso son cada vez más difíciles. Cualquier crisis económica, política o de cualquier índole, está siendo usada para aplicar la doctrina del shock. Véanse las advertencias de algunos dirigentes del PP. En cualquier caso la izquierda en Cataluña le está haciendo el trabajo sucio al la derecha, al proporcionarle con su posicionamiento una coartada para sus planes. Y si lo dicho no basta, para muestra un botón: alguna izquierda apoya la última tesis independentista que en el Parlament no se votó la independencia.

Tras la declaración de independencia de Cataluña, España internacionalmente es vista como un estado fallido. Y la República Catalana nace fallida. Es verdad que durante muchos años el Gobierno del PP se ha negado a escuchar las legítimas peticiones y reivindicaciones de los catalanes. Es verdad que «la forma más eficaz e insidiosa de silenciar a los demás en la política es negándonos a escuchar». Pero también es verdad que este abuso no justifica el atropello cometido por la Generalitat de Catalunya. Como también es verdad que los independentista pretenden silenciar a los demás usando la misma estrategia. Tras esta catástrofe todas las inútiles élites políticas españolas, todas sin excepción, muchas de ellas además corruptas, han de responder ante los ciudadanos. Nos han robado y han roto el país. Elecciones en Cataluña, si. Pero también en España.

Ley, no humillación

21 Oct

«Paz, piedad, perdón» es el discurso que Azaña pronunció en el Ayuntamiento de Barcelona en 1938. Salvando las distancias entre aquella España y la de hoy, entre aquellas circunstancias y éstas, es oportuno que las partes en el conflicto catalán, todas ellas sin excepción, evoquen el mensaje que transmiten esas palabras a todos los hijos de España, las cuales han de significar la puesta a cero del contador. El President de la Generalitat ha reconocido de manera clara que no hubo declaración de independencia en el Parlament. De manera que si el punto de partida ha de ser la Constitución, ya está dentro de la Constitución. Dura lex sed lex. Fiat iustitia, pereat mundus. Es decir, aplíquese la ley, pero sin humillación. Fundamentum iustitiae primus est ne cui noceatur. El primer fundamento de la justicia es no dañar al otro. En la Transición, hay que recordar, que muchos de los pactos que se alcanzaron no se iniciaron en plena conformidad con la legalidad vigente entonces.

Dice Enric Juliana: «Madrid no puede con todo. Barcelona no tiene fuerza para romper la baraja.» Este puede ser el resumen de la situación. En el tan nombrado artículo 155 de la Constitución sabemos como se entra, pero no como saldremos. Si atendemos a las declaraciones que se han realizado tanto desde el Gobierno como desde el Govern, respecto al mismo, la aplicación de dicho precepto nos desliza a un escenario a la venezolana: dos legalidades y dos institucionalidades: la Constitución y la Ley de Transitoriedad; una Generalitat intervenida y una Asamblea de Cargos Electos y un Parlament rebelde. Las masas en la calle. Un President que no es Josep Tarradellas, pero se ve como el George Washington catalán, si bien se parece al Presidente Nicolás Maduro. La conllevancia orteguiana como política para Cataluña está agotada. Y debe ser amortizada.

El intento de secesión es la tercera explosión de la cuestión catalana en los últimos cien años. De la misma manera que no es posible la secesión con más de la mitad de la población en contra, tampoco es posible la convivencia con casi la mitad de la población partidaria de la secesión. Dado el estado de cosas en que hoy está el conflicto catalán ya no es suficiente con proponer un nuevo pacto político (paz negativa) para encontrar una solución. Se deben eliminar todas las formas de violencia (directa, estructural y cultural) que las dos partes se imputan mutuamente (paz positiva).

A pesar de las dificultades hay un camino para volver a empezar: que ambas partes acepten que hemos de recorrer la distancia que existe entre la democracia que tenemos, nuestra democracia realmente existente, y la «democracia tomada en serio». Es momento de apelar a la sociedad catalana e impulsar la reforma de la Constitución. Ir de la ley a la nueva ley. Es irreal pensar que el conflicto se resolverá con el intento de restauración de la legalidad a través de la sola aplicación del artículo 155 de la Constitución.

¿Qué hará el Estado frente a la movilización permanente anunciada en caso de intervención? ¿Cómo va a hacer frente el Estado a las medidas coordinadas de boicot, no-cooperación y/o desobediencia de los ciudadanos de producirse? ¿Cómo va a hacer frente a los funcionarios que boicoteen la intervención de la Generalitat? ¿Abrirá miles de expedientes sancionadores? Sólo sus recursos colapsarían los tribunales. ¿Qué ocurrirá si tras el anuncio de la puesta en marcha del artículo 155, se declarara la independencia y se ocupan las infraestructuras básicas del Estado? ¿Y si a las elecciones que convocara el Gobierno no se presentan los partidos que defienden la independencia y no se reconoce su legitimidad por estos? ¿Y si vuelve a haber mayoría absoluta independentista tras las nuevas elecciones? ¿Y si fuera aún mayor a la ahora existente? ¿Después de la rebelión de Cataluña y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, es posible una vuelta, sin más, a la autonomía? Más de un 26% de los españoles pide una recentralización de competencias. Demasiados interrogantes para los que no hay una respuesta.

Dicho de otro modo. Cualquier  gobierno puede gobernar mientras reciba de los ciudadanos y de las instituciones de la sociedad cooperación, sumisión y obediencia constante. La sociología jurídica nos dice que el Estado, en casos de desobediencia generalizada de la ley, sólo puede obligar mediante la coerción al 15% de la población. El desafío político no-violento que se impulsa desde la Generalitat de Cataluyna es idóneo para negar al Estado el acceso a las fuentes de poder. Para alcanzar la soberanía la Generalitat no usa armas físicas como hizo el Gobierno del Estado el 1-O. Se vale de una lucha no-violenta variada y compleja. Para ello emplea armas políticas, económicas, sociales y psicológicas, aplicadas por la población y las instituciones de la sociedad. Estas armas son las protestas, las huelgas, la desobediencia, la no-cooperación, el boicot, el descontento. Por eso cualquier medida de coerción o represión que pretende usar el Gobierno del Estado resulta tan ineficaz, y se vuelve contra quien la emplea. A esta eficacia se debe agregar un uso inteligente, propio del siglo XXI, de la comunicación. El Gobierno, aunque cuenta con el apoyo inequívoco de la Unión Europea, visualizado en la entrega de los Premios Princesa de Asturias, combate esta desobediencia no-violenta un plan de coerción jurídica propio del siglo XIX.

El principio de realidad impone la opción «paz, piedad, perdón». Esta elección debe arbitrar alguna solución que permita a los catalanes votar y expresar su voluntad sobre su futuro. Y distender el clima político. Incluso podría conducir a una Ley de Claridad. Ante un eventual fracaso de la coerción jurídica del artículo 155 y otras medidas, escenario no improbable, la otra alternativa es el artículo 116 de la Constitución: estado de alarma, excepción y sitio, que es la máxima fuerza y coerción que el Estado puede usar en democracia. El resultado de esta medida, como en cada intento que ha habido de imponer la unidad, será la libertad de los discrepantes. Cada opción nos conduce a una España diferente.

Del voto al juramento

10 Oct

En la crisis catalana se pueda afirmar la existencia de una coincidencia en los elementos primarios del voto y del juramento. El núcleo esencial de ambas instituciones: un pacto sagrado −que están en la base de la política de Occidente− habita en su centro, bien sea en su manifestación laica, bien en su manifestación religiosa. Pero a pesar de la coincidencia, existen diferencias entre ambas instituciones: la naturaleza absoluta y la imposibilidad de abjurar del juramento y la naturaleza democrática y reversible del voto.

Esta identidad que existe entre uno y otro, entre voto y juramento, nos muestra hasta que punto la crisis catalana ha deformado el voto, hasta convertirlo en juramento. Al ser el juramento un lenguaje que se realiza en los hechos, la correspondencia que hasta ahora existía entre palabras y actos propia del voto en democracia, la fuerza de los hechos la ha trasladado al juramento. Los partidarios de la independencia serían así los garantes de la palabra. Y sus palabras juramentos conformados. Creían que tenían la capacidad de convertir en hechos todo lo que decían. Bajo estas premisas actuaron en las votaciones que de los días 6 y 7 en el Parlament de Catalunya. El juramento se convirtió en la crisis catalana –como decía Licurgo− en «lo que mantiene unida la democracia». Véase la votación del llamado referéndum del 1-O.  Y los acontecimientos ponen de manifiesto que la dirección del procés está siendo la propia de juramentados que buscan el martirio, como esfuerzo y obligación (sagrada) en el camino a la independencia. Depositaron su fe en Ella a cambio de su protección, garantía y apoyo.

Tras estos acontecimientos el pacto sagrado que encierra la votación ha degenerado en un pacto mágico-religioso, en un fetiche, que se agita para invocar la independencia. Es el agente de la operación mágica. El voto así emitido no responde a los valores sociales que lo identifican como elemento de expresión de voluntad democrática. Se asemeja más a una  cosa vacía de sentido, más cercana a un símbolo algebraico privado de significado, susceptible de recibir cualquier interpretación: en este caso la de ser un dispositivo apto para «generar conflicto y desconexión forzosa», según el plan independentista. Este voto es la enfermedad del voto, un puro mecanismo de agi-pro.

Y la actuación del gobierno está más próxima a la práctica de un exorcismo con el que se quiere expulsar, sacar o apartar la entidad maligna de España: la crisis catalana, que de una acción política que posibilite la resolución de un conflicto −de orden político, no de orden público− que posee un amplio elenco de actuaciones: desde la negociación y el diálogo entre las partes, a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El Gobierno de España y Govern de Cataluña revelan con sus actos que han renunciado a proceder como animales políticos, para ser prototipos del homini religiosus. Esta concepción mágico−religiosa que se advierte en el conflicto catalán desvela un aspecto que es común a las dos partes del conflicto: su arcaísmo. Como los romanos, ambas partes parecen creer que lo sagrado sigue siendo parte del derecho. Este rasgo evidencia que la separación entre lo religioso y lo político es aún incompleta en España. Puede resultar controvertido el grado en que se encuentra presente lo arcaico en cada parte, pero no la existencia del fantasma. Este espectro nos ha hecho hasta ahora residentes perpetuos de la «franja de la ultra-historia» y nos ha mantenido siempre a un paso del inframundo del Hades y de la violencia que W. Benjamín llamaba «divina».

Las masas ya han sido sacadas a la calle. Se están usando como elementos de presión: así se usaron cuando fueron convocadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuando se concentraron ante los lugares de residencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando se usaron para expulsar a estas fuerzas de seguridad de algunos municipios catalanes. Y se usarán como contramuros frente al Parlament de Catalunya para impedir que se produzca una marcha atrás en la declaración de independencia y ante el Tribunal Superior de Justicia para condicionar la acción de éste hacia una dirección determinada. En la fase actual del conflicto el juramento ha desbordado al voto.

El Liber differentiarum de Isidoro nos dice que la diferencia entre ley y Evangelio,  es que «en la ley está la letra, en el Evangelio la gracia […] la primera ha sido dada para la transgresión, la segunda para la justificación; […] en la ley se observan los mandamientos, en la plenitud del Evangelio se consuman las promesas.» Este texto leído en clave profana, y en clave de voto y juramento, ayuda a esclarecer el espíritu que late en la crisis catalana. Cataluña como laboratorio político del resto de España, anuncia con su crisis el tránsito de la democracia a la Nación. Eso significa la conversión del voto en juramento.

El tiempo que resta

4 Oct

Cada vez que la derecha ve que se le escapa el tiempo, detiene la historia. El tiempo se le escapó a la derecha española al plantear un recurso contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña ante el Tribunal Constitucional. Y a la derecha catalana al aprobar en el Parlamento de Cataluña las leyes de referéndum y transitoriedad, con las que activó el bucle creación/salvación. La derecha española ha detenido otra vez la historia con un uso desproporcionado de la fuerza en Cataluña, en alianza con una derecha catalana irresponsable que se ha instalado en una declaración unilateral de independencia estrambótica y estrafalaria. Sin mayoría, sin ley. El estado de cosas y la escalada del conflicto pide analizar la situación desde la perspectiva de una teología política secular, para desvelar sin filtros ni velos la gravedad de la situación.

El acontecimiento catalán irrumpe en clave mesiánica. Quien proclama la excepción no es aquí la autoridad vigente, sino quien viene a subvertir su poder. Los frenos de mano han sido activados. ¿Volverán a rehacerse las comunidades mesiánicas? ¿Habrá «repliegue de lo religioso en lo profano»? La última aceleración interna de este tiempo ya detenido, el de la Constitución de 1978, es la declaración de vigencia del tiempo mesiánico. Éste ya ha sido sancionado por el Rey, que ordenó el cumplimiento y la consumación integral de la ley: es la «responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones», ante el intento de «quebrar la unidad de España y la soberanía nacional». Hay visto bueno de la Unión Europea y de los poderes económicos americano y europeo. Véanse las declaraciones del Vicepresidente primero de la Unión Europea Franz Timmermans y los editoriales de los diarios Wall Street, Financial Times, Le Monde y Liberation. Todas las decisiones están tomadas ya. ¿Nos encontramos otra vez en el umbral de una cruzada entre ángeles y profetas? El ejército ha comenzado a desplazar efectivos –logísticos, por ahora− a Cataluña.

El choque será entre la fuerza de los hechos y el peso de la ley, sin que quede espacio para la fuerza de la razón. Cataluña y España ya han activado el modo: comunidad mesiánica que reclama salvación. Unos declarando la independencia de la España antidemocrática, franquista, con las masas en la calle; los otros invocando protección contra la massa contaminada del pecado original, que quiere romper la «Nación». Todo el foco está sobre Cataluña, pero en el resto de España también están pasando cosas. Las juras de bandera civiles, sus juramentos, y el compromiso de apoyo a la seguridad y la defensa de España. Comienzan a asomar banderas de España en los balcones. Manifestaciones en defensa de la unidad. El malestar y el agravio empieza a aflorar en el resto del país. Mucha gente está harta de lo que consideran el chantaje catalán. Todavía no se ha cruzado la línea de no retorno. Hay una ocasión más, una última oportunidad todavía, para alcanzar algún tipo de entendimiento. ¡Aprovechémosla!

Si los independentistas habían demostrado haber leído a Maquiavelo, el anuncio de la declaración unilateral de independencia (DUI) denota que no han leído a Tzun Su. Han calculado mal la repercusión que tendría una declaración unilateral de independencia en una Europa plagada de tensiones territoriales latentes. Y no supieron ver que la independencia de Cataluña generaba un conflicto más allá de las fronteras de España, pues «si se permitiera a una región ejercer unilateralmente, en un contexto de estado de derecho, el derecho a la autodeterminación», ésta señalaría el camino al resto de regiones europeas que quisieran ejercitarlo y se  pondría fin así a «la inviolabilidad de fronteras establecidas a precio de sangre» (Diario Liberation). No se han dado cuenta, o no han querido ver, que una declaración unilateral de independencia atenta contra uno de los pilares de la Unión Europea: «el imperio de la ley». El Vicepresidente primero de la Unión Europea ha enviado un ultimátum a Puigdemont: «Si la ley no te da lo que quieres, te puedes oponer o trabajar para cambiarla, pero no se debe ignorar». Y ha añadido: a veces imponer la supremacía de la ley requiere «el uso proporcionado de la fuerza.» Los independentistas no han medido las repercusiones exteriores de su incitación a los ciudadanos a la desobediencia a las fuerzas de seguridad del estado, su apoyo una huelga general, su petición de retirada de las «fuerzas de ocupación» de Cataluña, la expulsión de la fuerzas de seguridad del Estado de algunos municipios a instancias de las instituciones locales, la total ausencia de garantías del referéndum, la vulneración de todas las leyes.

Ante la soledad internacional Puigdemont busca, desesperado, la mediación del Arzobispo de Barcelona y del Abad de Montserrat. Está derrotado y lo sabe, pero su  opción es redoblar el desafío: «república o república». El Gobierno de Rajoy sólo está sostenido por el respaldo de la Unión Europea, como ultima barrera para evitar el contagio de una epidemia cesionista en otros países europeos. Rajoy sólo es el mal menor, el dique de contención. Sea cual sea el desenlace, la gripe se extenderá por Europa. El camino lo ha marcado Cataluña. España ha quedado desacreditada en Europa por la gestión de la crisis catalana y la actuación de las instituciones catalanas. Ningún partido político está a la altura del desafío histórico al que nos enfrentamos. Costará que Europa vuelva a confiar en nosotros.

«Cuando Dios creó a los ángeles –reza un hadith− estos alzaron la cabeza al cielo y preguntaron: “Señor, ¿con quién estás?”. El respondió: “Estoy con aquel que es víctima de una injusticia, hasta que su derecho sea restablecido”.» Hoy el restablecimiento será por la ley.

Poder y soberanía en Cataluña

1 Oct

«Un poder superior es aquél que configura el futuro del otro, y no aquel que lo bloquea. (…) Sin hacer  ningún ejercicio de poder, el soberano toma sitio en el alma del otro», dice Buyng-Chul Han. A esta descripción de la lógica del poder se ajusta en gran medida la actuación del Govern de la Generalitat. Consigue de esta manera neutralizar la voluntad de acción de aquellos que no son partidarios de la independencia y muestra que quiere ampliar la libertad. Con ello está motivando a la acción a sus partidarios. Y está claro que el Govern, a diferencia del Gobierno del Estado, está siguiendo los consejos que Maquiavelo dio al Príncipe de aunar libertad, astucia y razón, como método político para neutralizar los condicionamientos y alcanzar los objetivos. En este artículo examinaré las lógicas y los significados que tienen algunos de los actos que está realizando tanto el Gobierno del Estado como el Govern de la Generalitat.

Comenzaré analizando algunas intervenciones del Gobierno del PP. En una de ellas el Presidente Rajoy pidió a los dirigentes catalanes que reflexionaran y volvieran «a la racionalidad y a la legalidad». En otra advirtió al President de la Generalitat que nada bueno se podía producir con su actuación. Estas intrusiones nos transportan al pasaje bíblico del proceso de Jesús de Nazaret en el que Pilato le dice: «¿No sabes que puedo liberarte o hacer que te crucifiquen?» (Mt 27,17). Este pasaje refleja con toda exactitud el concepto del derecho a decidir que reconoce el Gobierno. Con estas intervenciones el Presidente no está proyectando la fortaleza del poder del Estado, sólo trasluce su debilidad. Estas advertencias junto a la admonición que el Ministro del Interior hizo al President de la Generalitat en la Junta de Seguridad muestran la voluntad de vencer, pero además son la notificación oficial, pública y personal de un posible empleo de la fuerza de continuar por el camino emprendido. A esta forma de notificación el Derecho le reconoce el efecto de dejar constancia −escrita y firmada− del requerimiento efectuado al destinatario y de su recepción por el mismo.

El Presidente del Gobierno, persistiendo en su autismo político, llamó a los catalanes, días después, a no aceptar formar parte de las mesas electorales. Esta exhortación −prosiguiendo con la alegoría del proceso a Jesús de Nazaret− equivale al lavado de manos de Pilato que relata la Biblia (Mt 27,24). Es un yo lo avisé, allá ustedes. Es la hipócrita escrupulosidad con la que Rajoy y el PP creen purificarse ante un eventual recurso a la fuerza. Pero estas palabras no se pueden desligar de la pasividad que ha mostrado el Gobierno del PP respecto a Cataluña durante años. Y la respuesta dada por el President Puigdemont a las advertencias de que el referéndum no se celebrará, ha sido como la que la multitud/pueblo dio a Pilato tras eximirse éste de la responsabilidad por la muerte de Jesús: «¡Nosotros y nuestros hijos cargaremos con su muerte!» (Mt 27,25). Esa respuesta es un aquí estamos los catalanes.

El segundo de los hechos que quiero analizar es el uso que el Govern de la Generalitat ha realizado de la movilización de la gente: ocupación de espacios públicos, −como los colegios o las plazas−; las colas que han pedido que se formen desde temprano el 1-O –a cuya visualización contribuye la reducción del número de colegios electorales, al margen que se pueda votar o no−; las manifestaciones; la convocatoria de huelga general. Es un uso elaborado e inteligente. En todas ellas existe un elemento común: la aclamación, en forma de cántico de lemas, levantamiento de manos, aplausos. Estas expresiones tienen una importancia más allá del simple gesto. En el Imperio Romano en los comicios electorales la aclamación podía sustituir a las votaciones de los individuos. Y Rousseau decía que la aclamación, el grito de aprobación o rechazo de la masa reunida, era la verdadera democracia.

Esta es la importancia que tiene la movilización promovida desde el Govern. Si la votación finalmente no se puede realizar con normalidad 1-O el significado simbólico de la aclamación tendrá sentido político. Y sus promotores podrán reclamarlo y hacerlo valer. Carl Schmitt decía que la aclamación era «la expresión pura e inmediata del pueblo como poder democrático constituyente.» Le otorgaba una función constitutiva, que puede ser usada como fuente de voluntad constituyente. Es sobre ella que los partidarios de la independencia, en última instancia, pretenden alumbrar la nueva República de Cataluña. De ahí la apelación continuada del Govern a la necesidad de una presencia masiva de gente en las calles el día de la votación y a la movilización que se están pidiendo y a la que se anima desde las asociaciones independentistas. Igual sentido tiene la huelga general convocada a partir del 2-O por las asociaciones independentistas. Quiero pensar que es este, y no la pura coerción de la ley, el motivo que tiene el Gobierno del Estado para impedir a toda costa la votación el 1-O.

El conflicto catalán contrapone dos mundos: «el de los hechos y el de las verdades», que se enfrentan de manera inmediata y, no se si también, de modo inconciliable: el de la nueva realidad catalana creada y el de la verdad eterna de la «Nación». En él se mezcla también lo «humano y lo divino». El pacto que la Independencia ofrece es «Yo te libraré y tú me glorificas». A partir de este momento la pregunta que Pilato hizo a Jesús: ¿No hay ninguna verdad sobre la Tierra?, cada uno deberá responderla, objetarla o rebatirla. ¿Continuaremos en la conllevancia, inauguraremos un nuevo pacto para todos o emprenderemos caminos separados?

Soberanía y democracia en Cataluña

26 Sep

«Una cabeza, un voto», que es un principio esencial de la democracia, está en conflicto con «una mentira, un voto» y también entra en colisión con «un show, un voto», dice Paolo Flores d’Arcais en «Democracia». La campaña por la independencia de Cataluña está sustentada en mentiras: no se trata de independencia, sino de democracia; Cataluña no saldrá de la Unión Europea; derecho a decidir; volem votar. Casi todos los actores han montado su propio show. Si el 61% de los catalanes no otorga validez a la consulta, ¿es democracia el referéndum del 1-O?

La argumentación lógica sobre la que se apoya la soberanía del ciudadano, es un deber recíproco de todos para con todos. Cuando ésta es sustituida por la mentira, dejamos en el camino parte de la dignidad que nos caracteriza como personas. Si la verdad no domina la vida pública además se niega a los ciudadanos la posibilidad de formarse una opinión autónoma y a efectuar una elección libre. La mentira en política es de por sí una «usurpación de soberanía». La campaña en favor de la independencia de Cataluña está plagada de falsedades y presenta una paradoja: se roba a los ciudadanos soberanía de elección para que decidan sobre su soberanía política. La democracia se ha convertido en Cataluña en una ficción con un guión que dice que ésta está movilizada: votaciones sin garantías, manifestaciones, escraches a instituciones, a partidos políticos contrarios a la independencia, cierre del Parlament. Esta es la nueva liturgia.

Cataluña no saldrá de Europa tras la independencia dicen, a pesar de los desmentidos realizados por las autoridades de la Unión Europea. Esta mentira es repetida de manera incansable. Es un mantra que se presenta como una opinión, sustentada en la creencia subjetiva que finalmente esta circunstancia no se producirá. La mentira  es convertida en una opinión lícita y defendible. Y el hecho incuestionable: Cataluña no sería miembro de la Unión Europea en caso de independencia, queda degradado a mera opinión. La dicotomía verdadero/falso desaparece del debate público y es sustituida por un enfrentamiento entre opiniones simuladamente verdaderas. La falsa información ennoblecida en opinión se hace pasar por sentido común. ¿Cui prodest, a quién aprovecha?

Cuando en una elección —política o refrendaria— la verdad es falseada, sustituida y endulzada por un continuum de hechos verdaderos, simulación narrativa y efectos publicitarios, el principio «una cabeza, un voto» es sustituido por la posverdad: verdad alternativa o mentira emotiva repetida sin complejo en la que  los hechos son ignorados. En ésta la regla es: «una falacia, un voto». El uso obsceno, impúdico, deshonesto, de la palabra −la demagogia posverdadera−, reemplaza la voluntad de los ciudadanos por la voluntad de los demagogos. En estas circunstancias el ciudadano no decide, porque otros ya lo han hecho por él. Él sólo cree, aplaude, combate. Es una masa maleable y moldeable. Y el debate público se convierte en una prueba de pulsiones, emociones y malestares. El voto así no expresa voluntades autónomas, sino que es una simple herramienta de contable para que cuadre el balance que se quiere presentar. Es la amputación del voto. Se trata de vencer no de con-vencer. Mientras tanto unos siguen exaltando la bandera, la patria y la Constitución, a través de las juras de bandera para civiles, como la del fin de semana pasado en Girona, o la que se ha pedido hacer en Madrid. Otros juegan a llamar a la huelga general tras el referéndum. Y otros ponen sobre la mesa una declaración unilateral de independencia. Cada uno a lo suyo que el interés general es de todos.

En este escenario hablar de presos políticos, de fuerzas de ocupación, de medidas represoras o de intervención encubierta de la Generalitat, como hace cierta izquierda, en vez de fiscalizar la actuación del Gobierno ante cualquier exceso y exigir al Govern de la Generalitat la vuelta a la legalidad, es olvidar o desconocer que la ley es expresión de la voluntad de los ciudadanos. Y se quiera o no, con esta posición se debilita la capacidad del Estado para defenderse frente ataques ilegales.

Esta posición de la izquierda la ha llevado a renunciar a su coherencia democrática, sin darse cuenta que con ella abandona su compromiso de «devolver a los ciudadanos su fragmento de soberanía y la certeza de la legalidad». Olvida también las palabras que pronunció en el Parlamento de Cataluña ante el atropello que constituyó la aprobación de las leyes de referéndum y transitoriedad. Ella que debería ser, y ser reconocida, como el «guardián intratable de la democracia», remplaza el respeto por la verdad de los hechos, el no consentimiento de la desigualdad ante la ley que significa la ruptura de la legalidad y la argumentación lógica en el debate, por la mentira. ¿Cálculo interesado o miopía? En cualquier caso se trata de una oportunidad perdida para virar hacia una «democracia tomada en serio».

La crisis catalana está poniendo de manifiesto, hoy más que nunca, que la democracia corre el riesgo de no significar ya nada en España. ¿Quién defiende la democracia?