El control parlamentario de los actos del rey

19 Jul

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, solicitó hace unos días la comparecencia del rey emérito Juan Carlos I en el Congreso de los Diputados, en el marco de una comisión de investigación, cuya creación ha solicitado, para poner en claro las «presuntas irregularidades» en las que el monarca podría habría incurrido, tras las revelaciones realizadas por Corina zu Sayn-Wittgenstein. Nadie, sin embargo, ha propuesto que el Congreso estudie alguna forma de control parlamentario de los actos del rey.

Diez años antes, no obstante, el diputado verde en el Congreso de los Diputados, Francisco Garrido, adscrito al grupo socialista, durante la legislatura 2004-2008, ya planteó la posibilidad de control de los actos del rey en el recurso de amparo que interpuso contra la inadmisión a trámite por la Mesa del Congreso de dos preguntas dirigidas al Gobierno, relativas a la publicidad que —por parte de la familia real— se había dado a las clínicas privadas donde la entonces esposa del Príncipe de Asturias había dado a luz a la segunda de sus hijas.

El planteamiento de esta cuestión se abordó, a juicio de los expertos en Derecho Constitucional consultados de la única forma posible plantearla, sustentada en tres principios constitucionales: el control parlamentario de los actos del gobierno, la técnica del refrendo de los actos del rey y el principio democrático del Estado. Las preguntas así formuladas, enmarcadas en estos principios, no desbordan el marco establecido en la Constitución y en el Reglamento del Congreso, pues de esta manera las mismas quedaban referidas al ámbito de la gestión política de la gestión presupuestaria del gobierno, que bajo la cobertura del principio democrático del Estado penetraba el privilegio de la inviolabilidad que la Constitución consagra respecto del Rey, sin incurrir en contradicción legal con la inmunidad concedida.

La base de todo ello era y es la técnica del refrendo de los actos del rey, mediante la cual se traslada la responsabilidad de estos actos desde el monarca a la autoridad que lo refrenda, que son el Presidente del Gobierno y los Ministros. Esta es la manera de compaginar dos principios que son antagónicos: el monárquico y el democrático. Se compatibiliza de esta manera la exigencia de responsabilidad y la inviolabilidad de la persona del rey, símbolo de la unidad y permanencia del Estado. La lógica de este control resulta aplastante al ser la institución monárquica sostenida por los presupuestos públicos.

Posteriormente durante la tramitación legislativa de esta iniciativa sería el momento de determinar el alcance de dicho control: si a todos los actos del rey o únicamente a aquellos que eran actos de distribución de los fondos que recibe el rey de los Presupuestos Generales del Estado.

La segunda razón que se puede esgrimir para la implantación de este control es el vínculo que une la institución monárquica con el principio democrático, en virtud del cual la monarquía española se legitima a través del reconocimiento del pueblo organizado en poder constituyente en 1978, de quien obtiene todos sus poderes y privilegios, así como su configuración constitucional como órgano constitucional del Estado social y democrático de derecho que se instaura.

La propuesta de control parlamentario que se deslizaba en el recurso de amparo que narro, sin embargo, fue inadmitida por el Tribunal Constitucional mediante una resolución de una línea. A tan frustrante desenlace se unieron fuertes presiones: sobre el letrado que firmó el recurso —que fue quien les escribe— y el diputado que lo interpuso.

Era una propuesta que arbitraba una solución a la contradicción que se deriva que un rey encarne la figura del Jefe de un Estado democrático, que la cortedad de miras de unos y de otros no quiso entender. La actual situación de cuestionamiento de la Corona es fruto de las decisiones erróneas adoptadas en el pasado. Quizás uno de los errores fue no haber aceptado el envite de aceptar el control parlamentario de los actos del rey.

Difícilmente creo que prosperará la comparecencia del rey emérito en el Congreso de los Diputados y la creación de la comisión de investigación que cierta izquierda reclama. Siendo tal petición una propuesta de mínimos desde el punto de vista del principio democrático, una actuación puntual, no es mal momento para que desde las instituciones del Estado se considere al menos el control parlamentario de los actos del rey, como forma de control permanente.

Lo que si es claro es que si a pesar del momento grave en el que se encuentra la monarquía en España, no se admite al menos dicho control, los defensores de esta forma de encarnación de la Jefatura del Estado habrán perdido otra oportunidad para afianzar la institución que defienden. Y en ese caso, más que nunca, creo que la monarquía en España habrá promovido —sin quererlo— el inicio de su fin. Y que pueda empezar a venir la República. Puede que el «Váyase Sr…», que durante una época se escuchó en el Congreso de los Diputados, se escuche entonces en la calle dirigido al rey.

Tiempo de transiciones

16 Jul

El mayor reto que hoy tenemos es el cambio climático. Pero su aceleración coincide con el agotamiento de una fase de la historia de España y su sistema político: la Transición. Vivimos tiempos de transiciones políticas y ecológicas que hay que articular.

Viendo los acontecimientos que están sucediendo en España —como ya he dicho en otra ocasión—, la República quizás esté más cerca de lo que podemos pensar o imaginar. En tal caso, el reto de la República será superar el nominalismo del debate monarquía/república y lograr que su venida origine en la sociedad una impregnación real de los valores cívicos republicanos. Una sociedad con estos valores es más fácil que desarrolle la fraternidad —tan necesaria en estos momentos—, un lazo de unión más fuerte que el de la solidaridad. Un lazo de unión con los restantes habitantes del planeta.

Es evidente que los males de España —la corrupción entre ellos— no van a desaparecer porque seamos una República. Pero una sociedad con valores republicanos puede afrontar mejor estos males y la transición ecológica que necesariamente hemos de poner en marcha, para iniciar el camino hacia un modo de vida acorde con los límites que el planeta impone. Un camino hacia un modo de vida más ético en todos los aspectos: humano, político y ecológico, en el que el fracaso en uno de ellos implica el fracaso en los demás.

La gente —como nos dice el CIS— está pidiendo que el Estado conduzca a la sociedad a la sostenibilidad. Hagamos que la República lo haga. De esa manera se cumplirán nuestros deseos. No tenemos otra forma de escapar del desprecio y del odio. Nuestro y de las generaciones futuras.

Entre la inviolabilidad del Rey y la República

13 Jul

Tras las revelaciones que ha realizado la prensa sobre supuestos negocios ilícitos de Juan Carlos I, ha estallado, otra vez, el asunto de su inviolabilidad. El asunto no es baladí. La Ministra de Justicia —fiscal en excedencia— ha dicho que la persona del Rey Juan Carlos I tiene aforamiento, pero no goza de inviolabilidad tras el cese de su cargo. ¿Qué es la inviolabilidad? Significa que a quien se le reconoce este privilegio no puede ser censurado, ni acusado, ni sometido a juicio. Así pues, tras las conversaciones de Corina, la amiga del Rey, con Villalonga y el comisario Villarejo, sobre el patrimonio y los negocios de aquél, la gravedad de los hechos nos sitúan entre la inviolabilidad del Rey y la República.

La afirmación que hace la Ministra a mi juicio no es correcta. ¿Qué dice la Constitución al respecto?: «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.» No dice más. El examen de la cuestión requiere, por tanto, primero, un análisis jurídico para aclarar el alcance del texto constitucional y, después, abordarla políticamente. Veamos pues por que vía va el tren, si camino de Estoril o de Sevilla.

Dada la parquedad del precepto constitucional es necesario comprender su alcance a la luz las reglas de interpretación de las normas jurídicas. Con carácter previo hemos de señalar que no existe una jerarquía entre los diversos criterios de interpretación. Dicho esto, la primera regla de interpretación nos dice que las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras. El primer criterio de interpretación es, pues, el gramatical. Hay, además, una máxima interpretativa que se aplica habitualmente por los operadores jurídicos, que dice: donde no distingue la ley, no cabe distinguir.

Pero volvamos a la Constitución. Lo primero que se aprecia tras la lectura del artículo 56 es que en él no se dice que la inviolabilidad del Rey está limitada al tiempo que permanezca en el cargo como Jefe del Estado. Tampoco en ninguno de los preceptos de la Constitución dedicados a regular este asunto se establece esta acotación. Podría haberlo hecho, pero la realidad es que no lo hace. Mantener, por tanto, que la inviolabilidad solo produce efectos mientras que el Rey sea el Jefe del Estado, a mi juicio es una interpretación incorrecta.

Podría entenderse, sin embargo, que atendiendo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicados esos preceptos, así como a su espíritu y finalidad —esta es otra de las reglas de interpretación— y a la naturaleza democrática de la Constitución, que tras haber abdicado el Rey  no goza de  inviolabilidad. Es un ciudadano más. Pero ni siquiera tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 2013, mediante que se atribuyó competencia para el enjuiciamiento de acciones civiles y penales que se dirijieran contra el Rey y los miembros de la Familia Real y la Familia del Rey a la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo, se puede sostener esa interpretación.

Si leemos otra vez el artículo 56 de la Constitución, vemos, sin embargo, que la inviolabilidad se conecta a «la persona del Rey», en este caso el individuo Juan Carlos, no a la Jefatura del Estado. El artículo 56, en tres apartados diferentes, se refiere al Rey como Jefe del Estado, como Rey de España (es decir como Jefe de un Estado) y a la persona del Rey, no del Rey de España o del Jefe del Estado. Y es en el último apartado cuando establece la inviolabilidad y la irresponsabilidad del Rey. Esto significa que el privilegio no solo protege a la persona en el ejercicio de su cargo, sino también cuando a cesado en él. Si el legislador constituyente hubiera querido circunscribir el privilegio de la inviolabilidad al tiempo en que el Rey ejerce la Jefatura del Estado, así lo habría explicitado en el texto de la Constitución y se referiría a la persona del Jefe del Estado. Pero no lo hace.

Añade el precepto constitucional después de referirse a la «persona», la palabra «Rey». Es decir, la persona que goza de esos privilegios ha de cumplir una condición: ser Rey. ¿Qué ocurrió cuando el Rey Juan Carlos I abdicó? Que renunció a la Corona, órgano que en España encarna la Jefatura del Estado. Renunció al cargo. Tras la renuncia, sin embargo, sigue ostentando el título de Rey.

Hasta aquí la posición que ha expresado la Ministra de Justicia podría haber ser sido una opinión más o menos discutible. Pero a partir del Real Decreto 470/2013 por el que se establece que tras la abdicación D. Juan Carlos conservará el título de Rey, éste queda blindado tras la abdicación, pues, en virtud de esta norma, tras su abdicación, sigue siendo Rey. Cumple, así, a pesar de su renuncia al trono, con el requisito que establece la Constitución para ser inviolable e irresponsable. Y lo manifestado por la Ministra resulta incorrecto.

Y es que estos privilegios —la inviolabilidad y la irresponsabilidad— están unidos a la dignidad del Rey, no a la condición de Jefe del Estado, pues su función es la protección de la institución monárquica encarnada en la persona del Rey, no del Estado. Lo vemos en las Constituciones monárquicas históricas en España, que decían a este respecto: «La persona del Rey es sagrada e inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Solo las de 1869 y 1978 suprimen el adjetivo de «sagrada», consecuencia del principio democrático que las alumbra: la soberanía residenciada en el pueblo, que impide seguir proclamando el origen divino del poder del Rey, aunque siguen calificando la persona del Rey como «inviolable y no sujeta a responsabilidad», excepciones que aunque colisionan con el principio de igualdad son admitidas en la Constitución. Luego, en tanto el Rey no fallezca o no le fuere retirado el título, es decir, no deje de ser Rey, el privilegio subsiste.

Pero al margen de la posición que se pueda mantener respecto al fondo de esta cuestión me asalta la pregunta: ¿debe quedar impune el Rey emérito si hubiera cobrado de comisiones ilegales de Arabia Saudí, evadido impuestos o  hecho mal uso del CNI, como dice la prensa?

La cuestión trasciende el discusión sobre el mantenimiento o abolición de estos privilegios del Rey. La exigencia constitucional de refrendo de sus actos hace que debamos hacernos preguntas: ¿era necesario el refrendo en casos como los descritos? ¿existió ese refrendo por quienes eran competentes?; ¿cuáles fueron las causas del incumplimiento de este mandato constitucional, si finalmente éste no existió?; ¿estaban esos actos sujetos al control parlamentario?; ¿se realizó el mismo? y; en su caso, ¿cuáles fueron las causas para que no se produjera dicho control? Quizás las responsabilidades políticas no afecten solo al Rey.

¿Es necesaria una investigación parlamentaria, de los Tribunales y de la Agencia Tributaria de los hechos? Aunque el inviolable no puede ser censurado, ni acusado, ni enjuiciado, todos los hechos deben ser esclarecidos. Es un deber ético y moral. Y con independencia del resultado de la investigación, la sucesión de escándalos focalizados, directa o indirectamente, en la más alta Magistratura del Estado o su Familia, aconsejan no demorar por más tiempo el debate que hemos estado aplazando desde el fin de la Dictadura sobre la forma del Estado: Monarquía o República.

La necesidad de afrontar este debate y someter la decisión al pueblo, finalmente no ha sido la exigencia revolucionaria de las masas en la calle. La propia monarquía con sus privilegios y por sus extralimitaciones ha mostrado la necesidad que España la envíe al baúl de la historia y traigamos la República. La llamada Transición permitió a la clase política de la Dictadura reconvertirse a la democracia sin costes y sin mácula. Todos o casi todos están muertos ya. La transición cumplió su función. Atrás quedan Franco y su responsabilidad ante Dios y ante la Historia y la Transición monárquica que instauraron en 1978. Es ya una exigencia imperiosa —en palabras de Salvador Allende— que de nuevo se abran las grades alamedas por donde paseen los hombres libres para construir una sociedad mejor, porque desde ella afrontaremos mejor los retos que se avecinan y podremos terminar con el último vestigio del origen divino del poder residenciándolo en nosotros mismos. La República quizás esté más cerca de lo que podamos pensar o imaginar.

La hora del planeta

10 Jul

Václav Havel decía que la esperanza es la certidumbre que algo tiene sentido, con independencia de como resulte. Inmersos en la hora del planeta como estamos, esta reflexión cobra especial importancia. La izquierda sabe cuál ha de ser el sentido de su actuación política y continúa trabajando siempre —inasequible al desaliento— en pos de él. La derecha actúa igual. ¿Pero y, Equo, el partido verde, el partido de la ecología política? Está atrapado en las confluencias y fines de la izquierda. Enmarañado en la aportación programática a la izquierda, como la única contribución posible realizar a la sociedad, debido a su debilidad orgánica. Si aceptara Equo una confluencia que no satisficiera las condiciones recogidas en las conclusiones de su Conferencia Política (Conferencia Política de Equo Andalucía 2017), olvidaría que el objetivo de cualquier partido político es competir en las contiendas electorales con las restantes fuerzas políticas, para ofrecer a sus potenciales votantes una opción distinta y diferenciada de las existentes.

Éste es el reto específico que marca la citada Conferencia Política: competir, incluso, en asociación con otras fuerzas políticas —con propuestas contempladas en el programa político ecologista—, pero con las siglas y representantes visibles e identificables por los electores, no diluidos e irreconocibles en otras opciones electorales. Pero éste, que debería ser el gran objetivo de cualquier partido político verde, en España, corre el riesgo de ser tomado como moneda de cambio a entregar a la izquierda, a fin de obtener unas migajas del pastel electoral.

En ese caso Equo, el partido verde español, aparecería ante sus potenciales votantes como una opción desesperanzada, más pendiente del sentido de lo que pueda resultar de sus pactos con otras fuerzas políticas, que de ofrecerle a sus electores la certidumbre que su actuación política —aunque sea fuera de las instituciones— tiene sentido, con independencia del resultado electoral que se pudiera obtener.

La cooperación política, parte del ADN político de los partidos verdes, expresamente recogida en documentos como el resultante de la Conferencia Política, no puede ser entendida ni ejercida como una estrategia de supervivencia orgánica, que entrega su programa y su acción política a las confluencias, coaliciones y otras reagrupaciones de la izquierda, refugiándose bajo las faldas de éstas como el personaje de ‘El Tambor de Hojalata’. Con esta estrategia el partido verde ha detenido su crecimiento político, al no llegar —desde debajo de los cálidos refajos de la izquierda— a sus potenciales electores, que quedan, de esta manera, huérfanos de referente político.

De la misma forma que la izquierda se está organizando para concurrir en las elecciones al Parlamento Europeo en una alianza que trasciende las fronteras nacionales, con la lucha contra el fascismo como objetivo aglutinador, los verdes europeos, y Equo como parte de ellos, no pueden perder de vista el objetivo que justifica y da sentido a su existencia política: la defensa del planeta, que ha de actuar como aglutinante para concurrir como bloque verde.

Igual que las izquierdas europeas: Podemos, La Francia Insumisa, y el Bloco de Esquerdas, a las que tratan de agregar a Die Linke, el partido socialista de Holanda y el Sinn Féin irlandés, exploran la posibilidad de agruparse para concurrir a las próximas elecciones al Parlamento Europeo en una alianza común, bajo el lema: «Ahora el pueblo»; los partidos verdes europeos —familia política ubicada en otro grupo político en el Parlamento Europeo— deberían concurrir a esas elecciones con la misma estrategia, bajo el paraguas de una candidatura del Partido Verde Europeo y un lema común, que podría ser: «La hora del planeta», con el objetivo de aportar al debate público emociones positivas como el cuidado, la responsabilidad, la empatía, la interdependencia y la justicia —muy requeridas en la política europea en estos momentos—, para que actúen de muralla ante una eventual «ósmosis de los sentimientos de la derecha fascista y la derecha decente», en un mundo en el que más personas que nunca se sienten superfluas y comienzan a ser percibidas por las clases dirigentes como una amenaza al nivel de vida actual, ante la evidencia cada día más percibida que no hay bastante pastel para todos y nunca más lo habrá.

Solo desde la singularidad de la aportación verde —sin enaguas protectoras ni intermediarios— sino como emisario de esas emociones positivas y como expresión de los valores y principios que identifican y diferencian a Equo de los restantes actores políticos: cuidado del medio ambiente; responsabilidad frente a las generaciones futuras; empatía en la construcción de relaciones de paz entre las personas y las naciones; interdependencia como expresión de la necesidad de un gobierno en red que abandone las jerarquías y de paso a la participación de todos en la toma de decisiones; y justicia como bandera desde la que mostrar unos valores que sean inclusivos de todos; tiene sentido la coexistencia de la izquierda y la ecología política como polos ideológicos diferentes y la cooperación entre ambas fuerzas políticas ante el autoritarismo y el racismo que empieza a renacer en Europa y la grave crisis climática y civilizatoria que padece el planeta y el mundo. El objetivo de ser el referente electoral verde debe ser por ello también el propósito de Equo para el próximo ciclo electoral español, que se abre con la cita de las elecciones autonómicas andaluzas.

Equo, como parte del Partido Verde Europeo, debe impulsar en Europa la construcción de esta gran coalición verde y concurrir en el ciclo electoral español de manera diferenciada o visible e identificable en asociación con otros. Cooperar, si, pero desde la exigencia y la esperanza que sirva de alimento y de cobijo para hacer grande y poderoso al partido verde.

Llorar no basta

22 Jun

En los años 40 del pasado siglo la vergüenza anidó en Alemania. En este siglo se ha instalado en EE.UU., Gran Bretaña, Hungría, Eslovenia, Austria, Italia. El virus se extiende por otros países. La extrema derecha europea presiona para instar campos de concentración (eufemísticamente denominados plataformas de recepción) fuera de las fronteras de la UE para clasificar a los migrantes en aptos o no aptos para poder entrar dentro de las fronteras europeas. ¿Y la dignidad humana? Llorar no basta. Los seres humanos que huyen, desprovistos de estatuto de ciudadanía que los proteja (nuda hominen), se nos amontonan en la puerta del primer mundo.

                                           

Hoy cuando el racismo y la xenofobia se extiende por Europa otra vez, conviene recordar las palabras de Giorgo Agamben: la vida y la muerte no son conceptos propiamente científicos, sino políticos, que en cuanto tales, solo adquieren un significado preciso por medio de una decisión. Muchas vidas quedarán afectadas o cortadas por las decisiones que gobernantes sin escrúpulos están tomando hoy. Gobernantes que se sienten fuertes frente a la debilidad de quienes no tienen quien les proteja y solo piden refugio. La última y más feroz expresión de esta vergüenza proviene de Italia, cuna del fascismo, donde parece rebrotar de la mano del actual Ministro de Interior, que ha cerrado los puertos italianos a las embarcaciones de rescate de inmigrantes y propone crear registros de gitanos.

El respeto a las reglas que reclama el Ministro de Interior italiano, como excusa para no acoger a quienes necesitan protección, comienza con el respeto a la dignidad humana, que es un valor inherente al ser humano por el simple hecho de serlo, en cuanto ser racional, dotado de libertad. ​Dignidad que no es una cualidad otorgada por nadie, sino consustancial al ser humano, que no depende de ningún tipo de condicionamiento ni de diferencias étnicas, de sexo, de condición social o cualquier otro tipo. Esta es la primera regla.

El eje Roma-Berlín-Viena —de infausto recuerdo en el siglo pasado— ha resucitado otra vez de la mano de la extrema derecha, para forzar una política migratoria racista y xenófoba en la UE. Al igual que entonces, ésta brama por una la Europa cristina y niega protección a quienes necesitándola profesan otras religiones o tienen un origen étnico diferente, a la vez que calla el origen cristiano de la dignidad humana que olvida. Con mayor crudeza cada vez los síntomas de una lenta agonía del Estado democrático-liberal están dejando paso a una era negra de valores no necesariamente democráticos. En esta tesitura España debe realizar una política migratoria cuya base sea la dignidad humana y sirva de contrapeso a la política negra de la extrema derecha. Debe influir en la política migratoria de la UE. No es suficiente una política que se quede en gestos como el de la recepción del Aquarius.

La crisis migratoria está mostrando la insuficiencia de los conceptos fundamentales que representan los sujetos de lo político: el hombre, el ciudadano y sus derechos, el pueblo soberano, el trabajador, así como la necesidad de reconstruir la arquitectura política desde la figura del refugiado: «el concepto guía ya no sería el ius del ciudadano, sino el refugium del individuo», dice Agamben. Éste es el paradigma de una nueva conciencia histórica: la de la especie, que se vincula al planeta —donde la única propiedad que existe es lo masticado, tragado e incorporado al cuerpo— y no al mundo.

En este mundo que levanta muros, es importante advertir que el planeta no impone fronteras. La vieja receta de la soberanía y la identidad responde a la pregunta sobre quiénes somos (alemanes, italianos, marroquíes), pero no se interroga sobre qué somos (seres humanos). No solo pertenecemos «a una familia, a un linaje, a una comunidad, a una cultura, a una nación o a una cofradía religiosa o política. Antes de todo eso somos parte de una especie biológica, dotada de historia y necesitada de futuro. Nadie es «carne humana», solo lo son quienes lo afirman de otros.

España como Estado biorregional

17 Jun

España como Estado biorregional es un análisis de dos realidades distintas y distantes como la cuestión nacional y la crisis climática, que ensaya una ordenación diferente de las cosas. El objetivo del mismo es aportar plasticidad, movilidad e inducir una metamorfosis conceptual en este asunto; abrir el debate y crear un estado de reflexión más allá de las ideas preexistentes sobre la cuestión. Para ello se plantean vínculos desde la afinidad y la conciencia de especie. Y este post es un extracto corto del mismo.

El trabajo se divide en cuatro partes. La primera analiza dos realidades aparentemente inconexas —la cuestión nacional y la crisis climática— desde la observación de las relaciones que se dan entre clima y nación, que contiene además una propuesta de sustitución categorial. La segunda realiza una relectura ambiental de la historia política desde la década de 1950 en adelante. La tercera es una justificación general del biorregionalismo y señala su objetivo político. Y la cuarta parte propone la incorporación de un acontecimiento y de un hecho biofísico al texto de la Constitución, como son: el cambio climático y las biorregiones.

Palabras como patria, soberanía, estado, nación, patriarcado, planeta, biorregión, biodiversidad, son el espacio donde se residencia el conflicto entre clima y nación. Pero a pesar de la urgencia política con que se manifiesta, la cuestión nacional no es ni debería ser una prioridad. Si España es una sola nación, una nación de naciones o una parte del territorio quiere independizarse, es una controversia lateral que silencia de la anomalía en la que están instaladas las relaciones de la humanidad con el planeta e impide captar la urgencia de la misma, al eclipsarla del debate político.

El asunto que debe concernirnos de forma prioritaria —puesto que no tenemos otro planeta de recambio— es, por tanto, la crisis climática: ¿cómo vamos a afrontar el cambio climático y los retos ecológicos que trae este siglo?; ¿cómo vamos a abordar la agenda climática y la agenda social del siglo XXI?; ¿cuál sería la forma de organización territorial del Estado que mejor serviría para afrontar el reto climático: las Comunidades Autónomas, un Estado federal o confederal o una organización biorregional?

                                     

                                                                  Mapa eleborado por la Red Ibércia de Permacultura

En este contexto resulta ineludible establecer una conexión entre democracia y planeta, dos cuestiones incomunicadas hasta ahora. Lo que era puramente contexto (el planeta), a partir de ahora también es objeto: objeto de decisiones, objeto político, objeto de debate, objeto central de la democracia. Surge así un nuevo sujeto colectivo de derechos: la especie, junto a la nación o la clase social, adecuado al nuevo contexto planetario de crisis civilizatoria (climática y de recursos), que exige una respuesta política dirigida a establecer derechos y deberes planetarios y nuevos paradigmas de organización social.

La vinculación entre planeta y democracia la encarna la nueva forma de organización político-social: la biorregional. El modelo biorregional es pues una mirada a «una vida humana y una política», no estatal y no jurídica, inspirada en criterios biocéntricos y de sostenibilidad a largo plazo, útil para definir comarcas naturales –que comprenden comunidades humanas, animales y vegetales– pensadas como unidades políticas. Su paradigma es una guía válida para organizar la vida de una comunidad de acuerdo con sus sistemas naturales; sus estructuras de intercambio, tanto interiores como exteriores; sus propias necesidades como comunidad; y sus propios sistemas de sostenimiento biológico a largo plazo.

España, es un país extremadamente vulnerable al cambio climático, al tener una economía que depende en gran medida de sectores estratégicos ligados a la Naturaleza y a la salud de los ecosistemas como: el turismo, la agricultura, ganadería y pesca, y gran parte de su población se encuentra en zonas de riesgo por olas de calor. En este contexto la acción climática del Estado es una cuestión de supervivencia. Tirando de historia cabría decir que si la invasión napoleónica hizo primar el interés nacional sobre el regional, el cambio climático debería establecer la primacía contraria: el interés biorregional sobre el nacional.

¿Hacia dónde nos partiremos? Lo desconozco. Pero lo cierto es que deberíamos poner rumbo a un nuevo proyecto civilizatorio, que reinvente la democracia hoy falseada, prostituida y convertida en ritual vacío y sustituya la sobreexplotación del planeta en beneficio de las multinacionales globalizadas, por reciprocidad, cooperación y sustentabilidad a favor de todos, único destino posible si queremos un futuro distinto al de la barbarie. Como dice Agamben, la vida y la muerte, no debemos olvidar, no son conceptos propiamente científicos, sino políticos, que en cuanto tales, solo adquieren un significado preciso por medio de una decisión.

Para leer el trabajo completo pincha aquí

La transición ecológica

8 Jun

Primero todo era sostenible. Después se planeó la Modernización Ecológica de Andalucía. En las últimas elecciones generales algunos hablaban de transición energética. Tras la creación del Ministerio de Transición Ecológica, vamos quemando etapas, caminamos hacia esa transición ecológica que necesitamos hacer.

Con la creación de este Ministerio y la inclusión dentro del mismo del medio ambiente, la energía y el cambio climático, los asuntos ecológicos se han colocando en el centro del debate político. Esto es una buena noticia. El medio ambiente ha dejado de ser una cuestión de cuatro locos románticos o una sección de la gestión política para hacerse mayor de edad. La incorporación de los problemas ecológicos al ámbito de las instituciones, ha supuesto la introducción de la ecología en la acción político-administrativa del Estado, así como en el debate político de los grupos parlamentarios, que de esta manera entra en la vida diaria de la gente. Ya es política.

Y aunque es un comienzo y no es malo, no tiremos las campanas al vuelo. Si se analiza la nueva estructura del Consejo de Ministros y la reestructuración de los áreas de algunos Ministerios podemos extraer algunas consecuencias respecto de la transición ecológica que impulsará el nuevo Gobierno.

La primera conclusión es que si examinamos la estructura del Gobierno se observa que la economía y la empresa quedan desgajadas de la transición ecológica. Alejadas. Separadas. La apuesta del PSOE se trata de una apuesta por un modelo económico más eficiente en el uso de los recursos y más prudente en la generación de externalidades. Una apuesta por un capitalismo verde, versión amigable de la globalización, que establece como una prioridad la protección del medio ambiente, pero enganchada al imperativo categórico clásico de «crecer o morir». No se ha hecho ecologista el partido socialista.

La segunda cuestión que se observa es la configuración de las áreas. Así el área de la de «Migraciones» se ha unido a «Trabajo» y «Seguridad Social». Este encuadramiento desconoce o no reconoce la realidad actual de las migraciones por razones climáticas y del incremento previsto de éstas. El nombre del Ministerio y la unión de esos tres sectores administrativos proyecta sobre la inmigración la idea de que la pérdida de puestos de trabajo, la reducción de las ayudas a los nacionales y el empeoramiento de los servicios públicos de bienestar es debido a su llegada. Es caldo de cultivo para la xenofobia.

Otra consecuencia, es que a pesar de los defectos que pueda presentar el diseño de la estructura ministerial, tiene la virtud de ejercer una influencia positiva en el tránsito de los ciudadanos desde las actitudes a los comportamientos ambientales, ya que desde las instituciones se penetrarán todas las esferas de la vida de la gente. Los españoles —como refleja el CIS en sus barómetros— opinan que  el Estado ha de conducir a la sociedad a la sostenibilidad. Con la creación de este Ministerio de Transición Ecológica comienza a converger la acción política institucional con la preocupación ciudadana por el medio ambiente. Podemos decir: estamos cambiando.

El Estado comienza así a ecologizarse. No solo de manera formal al hacer suyos determinados postulados, sino real al adecuar su estructura político-administrativa a la realidad físico-biológica del planeta y del territorio que ocupa. Este proceso se observa además en la incorporación de once mujeres al Gobierno y en la nueva denominación que se ha usado de «Consejo de Ministras y Ministros» en la fórmula de juramento de sus miembros. Y es que no se puede hablar de ecología sin feminismo. El aparato del Estado es por ahora punto de lanza y esta iniciativa se habrá de reflejar más tarde tanto en la economía como en la sociedad. La sostenibilidad comienza así a proyectarse sobre todos los ámbitos de la vida administrativa, social y económica, con una presencia continua en la vida cotidiana. Estos son algunos de los mensajes que trae el nuevo gobierno y sus nuevas denominaciones.

El rey está desnudo

5 Jun

Cuarenta y seis años después del establecimiento del Día Mundial del Medio Ambiente , el rey —el medio ambiente— sigue desnudo. Más que nunca. La amenaza al medio ambiente es económica y política. Pero el peligro proviene también de la indiferencia de una ciudadana adormecida por el consumo.

El medio ambiente lo amenazan los actos económicos que inciden directamente en él: un exceso de producción y consumo de bienes, que se traduce en más emisiones de CO2 y en un exceso de residuos ocasionados por la producción, que la biosfera no es capaz de absorber: carbono, plásticos, químicos.

Pero otras actitudes tampoco ayudan a salir del bucle destructor: el negacionismo climático del nuevo Presidente Norteamericano, fundado en absurdas teorías de conspiración comercial contra su país;  el auge de nacionalismos que han cruzado la frontera de la reivindicación de «lo nuestro», para defender la discriminación ambiental frente a otros: «nosotros primero»; el Tratado sobre la Carta de Energía —en constante ampliación—, que garantiza a las corporaciones poderes para frenar la transición energética  mediante mecanismos de protección de inversiones ISDS, que garantizan amplios derechos para demandar directamente a los Estados ante tribunales de arbitraje privados; un acuerdo de reducción de emisiones insuficiente para evitar que se sobrepasen los objetivos de reducción de emisiones, que eviten incrementos de temperaturas mayores de 2ºC en 2100; o la apuesta por la tecnificación de las soluciones al cambio climático y de la sociedad, la cual requiere una gran cantidad de energía. Ejemplo de lo primero es el Acuerdo de París y de  lo último la apuesta de los países de industrialización temprana por la geoingeniería.

¿Pero, por qué el rey está desnudo? El origen de esta impúdica desnudez está en el tedio —que es la condición moderna— que corroe nuestras sociedades, y que en sí mismo es una fuerza motora del consumo, pues la necesidad de aliviarlo promueve una búsqueda interminable de novedad y excitación. Ante la falta de estímulos, nos dice la psicología conductista aplicada a la conducta de los consumidores, los miembros de esta sociedad —azuzados por el márketing— buscan formas de consumo que proporcionen emociones que incrementen el nivel de excitación. Somos consumidores de placer. Y no podemos negamos nuestro chute diario de consumo/placer. El peligro de este enganche al consumo es que podemos desaparecer por el calenturón de temperatura que produce la sobredosis de producción que mantiene nuestro consumo.

A pesar de todo, sin embargo, encuentro algunos datos que me inducen optimismo. El Barómetro del CIS de noviembre 2016 nos dice que el 59,2% de los españoles está en desacuerdo con la afirmación que muchas de las amenazas al medio ambiente son exageradas. Y que el 51,7% está de acuerdo en hacer todo lo que es bueno para el medio ambiente aún cuando le cueste más dinero o le lleve más tiempo. Estos datos del CIS coinciden con los que presenta el estudio de la Fundación de Estudios Andaluces. En Andalucía el 54% de los individuos que están «muy en desacuerdo» con que las amenazas al medio ambiente son exageradas; el 50,3% está a favor de pagar precios mas elevados por el medio ambiente; y el 44,5% esta dispuesto a aceptar recortes en su nivel de vida.

Junto a estos datos pueden destacarse otros referidos a la conciencia ambiental de los andaluces, mi Comunidad Autónoma de residencia. Señalo algunas conclusiones de las encuestas:

El Ecobarómetro nos dice que los andaluces tienen una gran preocupación general por el medioambiente. Señalan igualmente que es una opinión muy extendida que el modelo actual de consumo de recursos naturales compromete el bienestar de las generaciones futuras (tres de cada cuatro andaluces opinan así).

Se percibe por éstos —en más del 80%— que la situación del medio ambiente a nivel del planeta no es buena.

Dos de cada tres andaluces consideran que el medio ambiente, lejos de ser un obstáculo para el progreso, es un activo para el desarrollo y el bienestar de Andalucía. Y más del 60% de ellos afirman que las políticas ambientales son un estímulo al desarrollo y a la innovación tecnológica.

Creen éstos que los ciudadanos tenemos mucho que decir en la lucha contra el cambio climático a través de sus actitudes y comportamientos y a través de sus prácticas cotidianas, para reducir las causas que lo provocan (la emisión de gases de efecto invernadero) y adaptarse a sus consecuencias.

Y a la pregunta que realiza la Encuesta sobre la Realidad Social de Andalucía: «¿qué deberíamos hacer» ante el cambio climático?, respondemos mayoritariamente (96%) que «deberíamos anticiparnos a las posibles consecuencias del cambio climático», así como que debemos «reducir el consumo energético».

Estos datos me inducen optimismo y me hacen confiar en que estamos despertando de la borrachera de consumo. En que los ciudadanos estamos pasando a la acción y vamos por delante de los gobiernos y las empresas. Y esta actitud no es solo patrimonio de los andaluces, sino que se extiende por doquier. Hemos comprendido los ciudadanos que no tiene sentido seguir no haciendo nada. Así cada día somos más los que no queremos seguir creyendo en el cuento que nos cuentan y gritamos: ¡el Rey está desnudo!

La República catalana: un simulacro

16 May

La elección de Quim Torra como Presidente de la Generalitat significa que la política catalana está otra vez en modo simulacro. Simulacro de República. Ya lo dijo en su discurso de investidura, que tenían que aprender de los errores en los que habían incurrido para no volverlos a cometer. No para evitar que su actuación política incurra en la ilegalidad. Al contrario y usando sus propias palabras para hacer República. La hoja de ruta prometida ¿será un juego de apariencias o la legalidad será nuevamente vulnerada?

La política desplegada por las fuerzas políticas independentistas se funda en un juego de imágenes, que proyecta un enmascaramiento y desnaturalización de la realidad política y social de una Cataluña que mayoritariamente no es independentista. Planea la ocultación de la ausencia de la realidad política y social a la que aspiran. Es, en definitiva, una política que no tiene que ver con ninguna realidad, sino con su propio simulacro. El resultado de este juego puede ser —en contra de su deseo y voluntad original— la desaparición de la República que persiguen detrás del icono que adoran, al no remitir éste a ninguna realidad. Es el peligro de la iconolatría.

Este esquema de la actuación independentista se advierte en el discurso de investidura rupturista de Torra. En la autoproclamación como President vicario de Puigdemont que éste ha hecho de sí mismo o en el Govern legitimista que quiere nombrar. Modo de actuar que es una falsificación. Algo parecido puede decirse de la actuación del Gobierno de España. Que el 52% de la población de Cataluña desee seguir siendo española, no enmascara ni desnaturaliza el deseo de independencia existente. Al contrario, estos porcentajes indican que los catalanes desean mayores cotas de autogobierno. Y aunque los dos gobiernos conocen la incapacidad de su simulacro para sustituir la realidad, unos conjeturan como avanzar ante los errores del Estado: «el Estado español nunca falla», dicen; otros piensan que ya escampará.

El escenario resultante es que Madrid no puede con todo y Barcelona no tiene fuerza para romper la baraja, Enric Juliana dixit, lo que nos coloca en un escenario de debilidad mutua asegurada. Es necesario, por tanto, desplazar los sentimientos e hibridar los diferentes deseos, pues el conflicto ni se va a resolver solo, ni se soluciona desde el unilateralismo de unos y el inmovilismo de otros. La putrefacción del contencioso catalán conlleva el riesgo que convertir también en un simulacro la democracia española. La solución judicial operada hasta ahora no puede ser vista como signo de fortaleza del Estado, capaz de resistir cualquier embate, sino como un atributo de la rigidez del Gobierno. El problema de las respuestas rígidas es el mismo que el de la estructuras de esta naturaleza, que los signos de colapso pasan desapercibidos y cuando éste se produce lo hace de manera súbita y catastrófica con un derrumbe. Y la rigidez también está presente en el sectarismo.

Por casualidad me he fijado en la composición y estructura de las dos banderas —española y catalana— y como reflejan las idiosincrasias. La bandera española está formada por tres franjas. Una, la central muy ancha, asemeja un bloque. Traslada una imagen pétrea  y una sensación de pesadez y rigidez. La catalana con nueve franjas estrechas aporta una imagen de liquidez y transmite una sensación de flexibilidad, de olas del mar. Significativamente ambas comparten los mismos colores, su disposición horizontal y el predominio del amarillo sobre el rojo, símbolo de lo mucho que unos y otros comparten, diferencias de ADN al margen, claro.

Cataluña no es un espacio virtual, ni España vive encapsulada en el Consejo de la Mesta. Tanto España como Cataluña son realidades híbridas en las que ni unos ni otros pueden atribuirse el derecho de establecer estricciones a los otros, sino que deben ser configuradas como realidades de creación y transformación. Una forma de crear ese espacio es la vía biorregional —apuntada en la anterior entrada— que se funda en la diversidad y en un mayor grado de autonomía; desplaza de la organización territorial la atención sobre la identidad, para ponerla en la relación con la Naturaleza; y, además, pone en el primer plano político el principal reto que tenemos en este siglo XXI: el cambio climático. Dejen, pues, unos, de practicar vudú con las imágenes del 1 octubre y, otros, de jugar a don Tancredo.

La Catalunya fake

13 May

El discurso del candidato a la presidencia de la Generalitat —identitario y nacionalista, con tintes supremacistas— pidiendo el voto para un gobierno provisional y un Presidente de paja, instalado en el simbolismo de una República imposible, alejado de los principales problemas de los ciudadanos, mantiene a Cataluña en un tiempo fake. Sostiene este discurso una controversia lateral que silencia e invisibiliza otra primera urgente y trascendente: la anomalía en la que están instaladas las relaciones de la humanidad con el planeta, la cual no debe ser usada como pretexto para no pensar una reformulación del modelo civilizatorio.

Teniendo importancia esta cuestión, tiene la que realmente se le puede dar ante la realidad incuestionable del cambio climático. Es una cuestión de prioridades. Y aunque las prioridades pueden ser distintas en los diferentes actores políticos, la crisis climática debe concernirnos de manera prioritaria al no existir un planeta de recambio. Hemos de interrogarnos, pues, sin dilación, sobre ¿cómo vamos a afrontar el cambio climático y los retos ecológicos que trae este siglo?; ¿cómo vamos a abordar la agenda climática y la agenda social del siglo XXI?; ¿cuál sería la forma de organización territorial del Estado que mejor serviría para afrontar el reto climático: las Comunidades Autónomas, un Estado federal o confederal, una organización biorregional o un estado independiente?

En Cataluña no se está luchando contra el cambio climático, ni se están queriendo ver los riesgos que éste conlleva. En el resto de España tampoco. Por eso para hablar de vida como pedía el candidato a la Presidencia de la Generalitat, es urgente afrontar la crisis climática. Esta si es una situación real de excepción, que sino la remediamos no nos permitirá hablar de nada en Cataluña, ni en España. El ciclo en el que estamos no es solo político: autonomista o republicano como afirman algunos grupos en el Parlament, sino climático y de cambio civilizatorio. De supervivencia. En este contexto no tiene sentido crear diferencias identitarias y continuar usando el mapamundi para establecer fronteras donde antes no las había. Hoy el nuevo mapa es el planeta, no el territorio. Guste o no guste es así.

La solución biorregional como modelo de organización territorial no es un mero ejercicio teórico de la teoría política verde, sino un modelo que puede dar respuesta a muchas reivindicaciones que desde Cataluña se están reclamando para su autogobierno. Es una mirada a «una vida humana y una política» no estatal y no jurídica que reivindican la mayoría parlamentaria independentista y otros grupos de la Cámara. A la vez es una palanca de resistencia frente una mundialización desigual y una globalización uniformadora, que no establece barreras, pero ordena límites: limita los intercambios a aquellos que resulten posibles dentro del territorio y del planeta y no trata de imponer un molde económico, cultural y político desde el Estado, la clase o el género dominante.

La biorregión es un marco que se puede armar dentro del Estado de acuerdo con las características singulares que definen a cada biorregión social, política, climática, hídrica y geológicamente, con respeto a sus sistemas naturales, sus estructuras de intercambio interiores y exteriores, sus propias necesidades como comunidad, sus sistemas de sostenimiento biológico a largo plazo, sus ritmos propios. Y, todo ello, con observancia del significado profundo que tienen para la gente que vive en cada una de ellas. Ya que el 48% de los catalanes que vota independentista no es independentista, estas pautas pueden constituir un punto de partida sobre las que llegar a construir un consenso transversal o al menos mayoritario en el Parlament de Catalunya sobre la organización institucional del autogobierno.

Continuar un discurso fake que no solo abusa de las palabras, que se empeña en el ilusionismo de un proceso constituyente para construir un estado independiente en forma de República, desde una unilateralidad quiebra la legalidad constituida y que no goza del apoyo de la mayoría de ciudadanos catalanes, adrezado con campañas de señalamiento y declaraciones contra los «malos catalanes», se hace irrazonable en cualquier contexto político, pero aún más en el contexto climático cada día más adverso en que vivimos, en el que el calor y la escasez de agua ya están presentes en la vida cotidiana de los ciudadanos. Este discurso mentiroso solo es el símbolo de la pugna entre las derechas españolas para asegurarse un mercado propio, en la lucha por la financiarización de todo lo que la Naturaleza brinda. Batalla en la que el control físico del territorio es una prioridad estratégica.

La resolución del contencioso no requiere, por tanto, derruirlo todo y volver a construirlo todo nuevamente, como sería del gusto de los independentistas. Solo basta con mover un palmo el foco para salir del bucle. Abordar la cuestión nacional e identitaria desde una perspectiva diferente. La solución, o al menos una de las posibles, es buscar vínculos que nos anclen al planeta y no al mundo (territorio) como hasta ahora. Ese vínculo es el de la afinidad, más amplio que la identidad y no excluyente. La afinidad aporta sentido y dirección a los diferentes sentimientos de pertenencia, sin limitar ni coartar la mezcla entre ellos. No es una camiseta como la identidad. Es una «matriz estructural» de lo que es común a los seres humanos: la pertenencia a un mismo planeta y a una misma especie biológica, por encima de los yoes histórica y socialmente creados: la nación, la clase, el género o la relación con el mercado y el consumo de bienes y servicios.

Así concebida la cuestión ésta no queda reducida a la terra patria (a la tierra paterna), sino que se amplía al planeta terra. En la era de la crisis climática es necesario crear junto a la conexión entre sociedad y democracia, otra entre planeta y democracia. Lo que hasta ahora era puramente contexto (el planeta), a partir de ahora también es objeto de decisiones, objeto político, objeto central de la democracia. Y quizás deba ser también sujeto. La terra patria es así el planeta terra, la tierra de todos y para todos. Esta conjunción entre planeta y democracia se materializa institucionalmente en la biorregión.

La lengua, la historia o la cultura ya no definen en la práctica la cuestión nacional, desde ahora ya es determinada por la cuestión climática. Los cálculos más optimistas calculan ciento cuarenta millones de migrantes climáticos en los próximos treinta años, cifra que se irá incrementando a medida que el cambio climático se haga más profundo. El sujeto biológico (la especie) se hace sujeto político. La Nación da paso así a la Nación planetaria: la comunidad formada por todos los seres humanos; asociada a un territorio: el planeta; que tiene una cultura compartida: las leyes de la Naturaleza; que comparte cierto grado de solidaridad, manifestada en la existencia de los servicios ambientales y el necesario cuidado de los mismos; y que comparte cierto grado de memoria histórica, a través de la información de experiencias de miedo y estrés transmitidas en el ADN, la memoria de nuestros antepasados.

Esta manera de afrontar la cuestión nacional, acorde con el cambio epocal en el que nos encontramos, se interroga «por lo que somos», por delante de por quiénes somos. La pertenencia adquiere así diferente significado y evidencia la disfuncionalidad actual de la vieja receta de soberanía e identidad. La iniciativa está sobre la mesa. ¿Se atreverá alguien a abanderarla? No lo sé, pero Facebook ha escogido Barcelona para instalar un centro de control de ‘fake news’.